Proyecto 25578: Ley para la habilitación y regulación de organizaciones no gubernamentales de respuesta inmediata en rescate de fauna silvestre

El proyecto propone habilitar, regular y supervisar la participación de organizaciones no gubernamentales (ONG) en la atención de emergencias relacionadas con animales domésticos y fauna silvestre cuando las instituciones públicas no puedan brindar atención oportuna; está pendiente de aprobación.

La propuesta aplica a ONG sin fines de lucro que realicen rescate y atención animal, a las instituciones públicas competentes en bienestar animal y vida silvestre, a las municipalidades en el ámbito de sus competencias territoriales, y a las personas profesionales en medicina veterinaria que participen en estas actuaciones. El texto incorpora definiciones prácticas como "emergencia" y "atención primaria veterinaria" para guiar cuándo puede actuar una ONG.

Para poder intervenir, las ONG deberán pasar por un sistema de habilitación coordinado por SINAC para fauna silvestre y por SENASA para animales domésticos, con apoyo de las municipalidades en lo territorial. Entre los requisitos para habilitarse figura estar legalmente constituidas, contar con al menos un médico veterinario colegiado, disponer de protocolos de actuación validados por la autoridad competente, acreditar capacidad operativa básica (equipo, transporte y coordinación) y suscribir un convenio de coordinación con la autoridad o municipalidad correspondiente.

En la práctica, las organizaciones habilitadas podrán, ante una emergencia y cuando el Estado no pueda atender de inmediato, realizar el rescate, brindar atención primaria veterinaria, movilizar al animal a un centro autorizado y coordinar la atención posterior con las autoridades. Su actuación se limita estrictamente a emergencias, debe ajustarse a los protocolos aprobados, no sustituye las competencias del Estado y no autoriza la tenencia permanente del animal salvo autorización expresa. Toda intervención requiere un informe técnico con descripción del evento, condición del animal, acciones realizadas y destino del animal, que debe remitirse a la autoridad competente en un plazo máximo de 72 horas.

Respecto de responsabilidad, las organizaciones responderán conforme a la legislación vigente, pero el proyecto recoge protección legal: no incurrirían en responsabilidad administrativa o penal si actuaron en el marco de una emergencia, conforme a protocolos aprobados y con la finalidad de evitar un daño mayor. Además, se reconoce como causa de justificación la intervención inmediata cuando existe riesgo inminente para la vida o integridad del animal, no hay respuesta oportuna de la autoridad y la actuación es proporcional, necesaria y técnicamente fundamentada. La habilitación podrá revocarse por incumplimiento grave o suspenderse temporalmente por razones técnicas o sanitarias, con el debido proceso administrativo.

El proyecto obliga a las instituciones competentes a establecer canales de coordinación con las ONG habilitadas, facilitar protocolos unificados y promover capacitación y estandarización técnica. Las municipalidades pueden apoyar en la identificación de organizaciones, facilitar coordinación territorial y colaborar en la atención de casos, sin asumir competencias técnicas exclusivas del Estado central.

El Poder Ejecutivo tiene un plazo no mayor a doce meses desde la publicación para reglamentar la ley, según el texto. El expediente oficial es el número 25578; la tramitación consignada registra inicio el 2026-04-30, publicación el 2026-05-15, Número de Gaceta 88 y vencimiento cuatrienal 2030-04-30. Estos datos indican el estado y las fechas registradas del proyecto en la Asamblea Legislativa.

Recuerda el deber constitucional de proteger la fauna silvestre y describe una brecha operativa en instituciones como SINAC (cobertura territorial limitada, disponibilidad de personal técnico, horarios de atención y alta demanda) que dificulta la respuesta inmediata; también señala que existen ONG con experiencia técnica en rescate y atención primaria que hoy actúan en un vacío jurídico. El proyecto busca habilitar su participación regulada sin sustituir las competencias del Estado, según el propio texto.