Proyecto 25577: Ley para la gestión ambiental de residuos de dispositivos electrónicos para vapear

El proyecto de ley propone regular la gestión ambiental de los residuos generados por dispositivos electrónicos para vapear, basándose en el principio de quien contamina paga. Esta iniciativa aún no ha sido aprobada y sus efectos dependen de su eventual aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. La propuesta busca prevenir la contaminación, internalizar los costos ambientales y eliminar gradualmente los dispositivos desechables.

El proyecto se aplicará a todas las personas físicas o jurídicas que fabriquen, importen, distribuyan, comercialicen o consuman estos dispositivos en Costa Rica. Establece un plazo de tres años para prohibir la comercialización de dispositivos electrónicos para vapear de un solo uso. Los vendedores y distribuidores deben instalar y mantener puntos de recolección para los residuos generados y realizar su disposición adecuada. Se prohíbe desechar estos dispositivos en espacios públicos, áreas verdes o cuerpos de agua, con sanciones que van desde 0.5 hasta 5 salarios base según la gravedad de la infracción.

Se crea un tributo ambiental del 10% por cada unidad de dispositivo electrónico desechable para vapeo introducida en el mercado nacional. Los recursos recaudados se destinarán a la recolección y tratamiento de residuos, limpieza de espacios públicos, educación ambiental y apoyo a las municipalidades para la gestión de estos residuos.

La fiscalización y control de la ley correrán a cargo del Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Energía. El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo no mayor a doce meses a partir de su publicación.

La exposición de motivos destaca que la rápida expansión de los cigarrillos electrónicos desechables ha generado una nueva y compleja fuente de contaminación ambiental, combinando residuos plásticos, electrónicos y químicos. Esta situación justifica la intervención del Estado mediante instrumentos regulatorios y económicos para corregir la externalidad negativa y proteger el ambiente.