Proyecto 25577: Proyecto de ley para gestionar los residuos de dispositivos electrónicos para vapear y aplicar el principio de quien contamina paga

El proyecto propone regular la gestión ambiental de los residuos generados por dispositivos electrónicos para vapear, aplicando el principio de quien contamina paga, con énfasis en la prevención, la internalización de costos y la eliminación progresiva de productos desechables. Esta iniciativa está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

El proyecto se aplicará a todas las personas físicas o jurídicas que fabriquen, importen, distribuyan, comercialicen o consuman dispositivos electrónicos para vapear dentro del territorio costarricense. Esto significa que abarcaría fabricantes, importadores, distribuidores y comercios que vendan estos dispositivos, y se refiere también a consumidores en lo relativo a la prohibición de disposición inadecuada. La norma fija su ámbito de aplicación de forma amplia y no excluye grupos específicos dentro del mercado nacional.

Desde la entrada en vigor de la ley habrá un plazo máximo de tres años para eliminar totalmente la comercialización de dispositivos electrónicos para vapear de un solo uso. El cronograma concreto de cumplimiento deberá ser fijado por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), y esos ministerios deberán definirlo conforme a criterios técnicos.

Deben instalar y mantener puntos de recolección visibles y accesibles para los residuos generados por estos productos, y deben realizar la disposición adecuada de los residuos recolectados. Además, queda expresamente prohibido desechar estos dispositivos en la vía pública, áreas verdes, cuerpos de agua o cualquier lugar no autorizado, y el incumplimiento de esa prohibición se sancionará con una multa cuya cuantía estará entre 0.5 y 5 salarios base, según la gravedad de la infracción.

Como instrumento económico, la propuesta crea un tributo ambiental correctivo para los dispositivos electrónicos desechables: será del 10% por cada unidad introducida en el mercado nacional. Ese tributo deberá ser pagado por las personas físicas o jurídicas que fabriquen, importen o introduzcan dichos productos en el territorio, al momento de su nacionalización o de su primera comercialización, según corresponda. Los recursos recaudados se destinarán exclusivamente a recolección y tratamiento de estos residuos, limpieza de espacios públicos, educación ambiental y apoyo a municipalidades para la gestión de los residuos de estos dispositivos.

La fiscalización y control de la ley corresponderán al Ministerio de Salud, que actuará en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Energía. El Ministerio de Salud tendrá competencia para fiscalizar a los comercializadores y establecer mecanismos de auditoría, sanción y transparencia, y podrá coordinar con gobiernos locales y entes autónomos para la implementación territorial. Además, el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo no mayor a doce meses a partir de su publicación para definir detalles operativos. Queda pendiente la aprobación y la posterior reglamentación para que las medidas aquí descritas entren en vigor y tengan efectos concretos.