Proyecto 25573: Proyecto para reformar la Ley 7969: exigir monitoreo, pago electrónico y evaluación de calidad y desempeño en el transporte remunerado (taxis y otras modalidades)

El proyecto propone reformar la Ley N.° 7969 para exigir que la selección de operadores, la fijación de tarifas y la prestación del servicio de transporte remunerado de personas (incluido el taxi) se orienten a desempeño, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad; la iniciativa está pendiente de aprobación.

El texto modifica expresamente los artículos 33 y 57 de la ley vigente para que, si se aprueba, la evaluación de ofertas y la metodología tarifaria prioricen criterios técnicos y de desempeño. En la evaluación de ofertas se asignan pesos a cinco requisitos: capacidad operativa y tecnológica, cumplimiento de indicadores de calidad, implementación de sistemas de monitoreo y control, planes de electrificación y experiencia operativa. Esto significa que, en la práctica, quienes compitan por concesiones deberán presentar propuestas con tecnología y metas de servicio verificables para obtener mejores puntajes.

En materia tarifaria, la propuesta traslada a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos la fijación de tarifas bajo principios de eficiencia, calidad, sostenibilidad y accesibilidad. La metodología que deberá usar esa autoridad incluirá costos operativos por kilómetro, el cumplimiento de indicadores de desempeño y seguridad, demanda real y social, factores de sostenibilidad y transición energética, necesidades de inversión tecnológica y de flota, mecanismos de subsidio o integración tarifaria cuando correspondan, y la equidad territorial. En la práctica, la tarifa dejaría de calcularse exclusivamente sumando costos y pasajeros y pasaría a relacionarse con metas de desempeño y objetivos de política pública.

Introduce conceptos como indicadores de desempeño (KPIs), sistema de monitoreo, integración tecnológica y pago electrónico; y agrega principios de calidad del servicio, eficiencia operativa, sostenibilidad, transparencia y accesibilidad universal. Es decir, la ley exigiría que los prestadores midan y publiquen su rendimiento y que usen sistemas digitales interoperables para pagos y control.

También establece requisitos técnicos mínimos para los vehículos y contenidos de capacitación. Los vehículos deberán contar obligatoriamente con GPS en tiempo real, dispositivos para validar pagos electrónicos, sistemas de comunicación con la plataforma central y condiciones tecnológicas para fiscalización remota, además de adaptaciones de accesibilidad. Los programas de capacitación deben incluir atención al usuario, uso de tecnologías, seguridad vial y protocolos de servicio. En la práctica, las flotas tendrán que invertir en equipos y formación para cumplir estas reglas.

Se crea el "Sistema Nacional de Evaluación de Calidad y Desempeño" obligatorio para todos los prestadores de transporte remunerado. El sistema exigirá indicadores mínimos en operación (puntualidad, frecuencia), servicio al usuario (tiempo de espera, ocupación, satisfacción), eficiencia (costo por kilómetro), seguridad, condición técnica y experiencia del usuario. Los prestadores deberán entregar datos en tiempo real mediante sistemas interoperables y reportar incidentes, fallas y denuncias en formato estandarizado.

Podrán afectar ajustes tarifarios, la aplicación de sanciones, la entrega de incentivos y la renovación o prórroga de concesiones. El proyecto clasifica a los operadores según su desempeño (alto: >=90%; adecuado: 75–89%; deficiente: 60–74%; crítico: <60%) y establece consecuencias escalonadas: incentivos y prioridad en renovaciones para alto desempeño; amonestación y planes de mejora con plazos para desempeño deficiente; y multas, intervención, suspensión o revocatoria en caso de desempeño crítico y reincidencia.

La información sobre desempeño deberá ser pública y anonimizada cuando contenga datos personales. Se otorga un plazo de dos años, contado desde la publicación de la ley si se aprueba, para que concesionarios, el Consejo de Transporte Público, ARESEP y demás autoridades implementen las obligaciones tecnológicas, reglamentarias y operativas señaladas. Esta disposición implica que las nuevas obligaciones no correrían de inmediato sino después del periodo transitorio de dos años.