Proyecto 25572: Aprovechamiento de activos ociosos del Estado y destino de recursos a programas de protección a la niñez

El proyecto propone reformar la Ley N.° 10.092 y añadir seis artículos para ampliar las formas en que el Estado puede aprovechar bienes estatales ociosos, y para destinar parte de los ingresos generados al fortalecimiento de programas de protección y bienestar de la niñez y la adolescencia. El texto está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

El proyecto autoriza a todos los entes y órganos de la Administración Pública a disponer de bienes muebles e inmuebles inscritos a su nombre que, "a criterio de la Dirección General de Contabilidad Nacional resulten ociosos", mediante procedimientos como subasta, remate, liquidación, arrendamiento u otras modalidades de aprovechamiento económico, siempre que los bienes no estén afectados al dominio o uso público y se respeten las normas de contratación aplicables. En la práctica, esto significa que, cuando una autoridad identifica un bien como efectivamente ocioso, podrá ofrecerlo tanto para venta como para usos temporales que generen ingresos sin perder la titularidad pública.

El proyecto establece que, una vez declarado ocioso y transferido al Ministerio de Hacienda (a la Dirección General de Contabilidad Nacional), el bien debe someterse a mecanismos anunciados públicamente para generar liquidez, y enumera expresamente las modalidades admisibles: subasta, remate, arrendamiento y concesión administrativa. El texto exige que todos los procedimientos garanticen transparencia, publicidad y libre concurrencia y que procuren el uso productivo del bien sin afectar el interés público ni comprometer necesidades institucionales futuras debidamente justificadas.

Sobre el destino de los recursos, el proyecto dispone que "el producto del aprovechamiento económico ingresará íntegramente al erario público" y que esos recursos se asignarán para dos fines generales: contribuir a la sostenibilidad fiscal y la reducción de la deuda pública, y fortalecer programas de bienestar social dirigidos a la niñez y la adolescencia. La Tesorería Nacional deberá acreditar el ingreso total de los recursos generados.

Para ingresos por subasta o remate, establece que del total de los ingresos netos "un treinta por ciento (30%) será destinado al financiamiento de programas de protección y bienestar de la niñez y la adolescencia ejecutados por el Patronato Nacional de la Infancia" y que el "setenta por ciento (70%) restante será destinado al servicio de la deuda pública y a la sostenibilidad fiscal". Para ingresos por arrendamiento y concesiones, el reparto previsto es más detallado: "un veinticinco por ciento (25%)" para programas de menores en riesgo y mendicidad ejecutados por el PANI; "un diez por ciento (10%)" para programas de menores en situación de discapacidad; "un diez por ciento (10%)" para programas de atención de menores pertenecientes a pueblos indígenas; "un cuarenta y cinco (45%)" para servicio de la deuda pública u otros fines fiscales; y "el restante diez por ciento (10%)" para la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda para resguardo, administración, conservación y mantenimiento.

El proyecto asigna nuevas responsabilidades a la Dirección General de Contabilidad Nacional (adscrita al Ministerio de Hacienda): identificar bienes inmuebles ociosos o subutilizados, coordinar procesos de arrendamiento, concesiones, subastas y remates, promover el uso eficiente del patrimonio estatal, elaborar informes periódicos sobre ingresos y su destino, y velar por el mantenimiento y conservación de los terrenos ociosos para preservar su valor y evitar usos indebidos. Además regula la obligación del arrendatario de custodiar, mantener y devolver el bien en condiciones adecuadas, y exige que el Ministerio de Hacienda mantenga "un portal digital de acceso público" con información sobre los procesos, incluyendo identificación del bien, valoración técnica, procedimientos realizados, ofertas y adjudicaciones, contratos y prórrogas, e ingresos generados y su destino.

La asignación y transferencia de los recursos a los fines señalados deberá concretarse mediante la Ley de Presupuesto de la República correspondiente, según lo dispone el texto. Rige a partir de su publicación si el proyecto se aprueba, por lo que las disposiciones descritas aún no son obligatorias hasta su eventual sanción y publicación formal.