Proyecto 25569: Proyecto propone reformar la Ley General de Control Interno para precisar el papel de las auditorías internas y su relación con la administración activa

El proyecto propone modificar varios artículos de la Ley General de Control Interno (ley n.º 8292) y el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría (ley 7428) para clarificar qué pueden y qué no pueden hacer las auditorías internas, cómo deben comunicarse sus recomendaciones y cómo se resuelven las discrepancias con la administración activa; el proyecto está pendiente de aprobación.

El texto recupera y enfatiza la definición de auditoría interna como una actividad "independiente, objetiva y asesora" cuya finalidad es dar seguridad a la institución mediante la validación y mejora de sus operaciones. La iniciativa mantiene que la auditoría no sustituye la voluntad administrativa y que sus pronunciamientos deben basarse en evidencia técnica y jurídica, con independencia funcional y de criterio frente al jerarca y demás órganos de administración activa.

La auditoría (examen independiente y sistemático que produce informes con hallazgos, conclusiones y recomendaciones), la asesoría (criterios u opiniones destinados a ayudar en decisiones dentro de la competencia institucional) y la advertencia (función preventiva para alertar sobre posibles consecuencias jurídicas o técnicas de conductas o decisiones). Estas funciones deben fundamentarse técnicamente y no implican asumir responsabilidades propias de la gestión operativa.

En la práctica, la reforma concreta varios artículos para dejar claro que las recomendaciones de la auditoría son de carácter no vinculante, pero que la administración activa tiene la obligación de atenderlas o justificar técnicamente su disconformidad. El proyecto establece pasos y plazos: cuando un informe dirige recomendaciones a un titular subordinado, éste tiene un plazo improrrogable de diez días hábiles para ordenar su implantación o elevar el informe al jerarca con las objeciones y propuestas alternativas; el jerarca debe resolver en veinte días hábiles. Si el informe va directamente al jerarca, éste debe ordenar la implantación en un plazo improrrogable de treinta días hábiles o, si discrepa, ordenar soluciones alternas y comunicarlas a la auditoría y al titular subordinado.

Establece una jornada laboral de tiempo completo para auditores y subauditores, con posibilidad de reducción en casos muy calificados y una excepción para municipalidades cuyo presupuesto ordinario sea igual o inferior a doscientos millones de colones {^¿200.000.000,00), que "podrán contratar... al auditor y al subauditor internos únicamente por medio tiempo" sin autorización de la Contraloría. Además, fija prohibiciones expresas para el personal de auditoría, entre ellas no realizar funciones de administración activa salvo la excepción prevista en el artículo 24.

La reforma fortalece el rol de la Contraloría General de la República en la coordinación y supervisión: obliga a la Contraloría a convocar, al menos una vez cada dos años, un "Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública" con participación obligatoria de auditores y subauditores internos, y dispone que el Ministerio de Hacienda transferirá los recursos que la Contraloría solicite para realizar esta actividad. También establece que la Contraloría fiscalizará que las auditorías internas cumplan sus funciones, coordinará al menos una actividad anual de fortalecimiento y regirá plazos para la tramitación de oposiciones y la resolución de conflictos entre auditoría y jerarca.

El auditor, subauditor y demás funcionarios de auditoría podrán ser sancionados administrativamente por dolo o culpa grave, por incumplimiento de deberes, por infracción de la normativa técnica aplicable o por ejecutar funciones propias de la administración activa; ello sin perjuicio de responsabilidades civiles o penales. El proponente explica que parte de la iniciativa busca corregir un error de tramitación del expediente n.º 24.007 que ocasionó la publicación de un texto distinto al aprobado originalmente, por lo que la presente reforma pretende restablecer la versión que refleje la voluntad expresada por las diputaciones.

La propuesta está pendiente de aprobación y su texto dispone que las reformas "rigen a partir de su publicación" si se aprueban. Donde el articulado indica obligaciones, plazos, excepciones y montos, la explicación reproduce esas condiciones tal como aparecen en el texto reformado.