Proyecto 25563: Facultar a la CCSS para crear la Universidad de la Seguridad Social

El proyecto propone facultar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para que, mediante acuerdo de su Junta Directiva y en ejercicio de su autonomía constitucional, pueda crear la Universidad de la Seguridad Social como una institución pública de educación superior universitaria especializada con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía organizativa de tercer grado. Esta ley autoriza la creación; no obliga a la CCSS a fundarla, por lo que la decisión final depende del acuerdo interno de la institución y la iniciativa está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

La finalidad principal de la Universidad sería atender de manera prioritaria las necesidades de formación, capacitación, actualización, investigación, innovación y extensión en salud que requiera la CCSS para cumplir sus fines constitucionales, legales y reglamentarios y también aportar al país en general. La sede legal y principal será en la provincia de San José, pero se permiten sedes, recintos, centros académicos y unidades en cualquier parte del territorio nacional según las necesidades institucionales.

En la práctica la Universidad, si se crea, tendrá autonomía amplia en ámbitos académicos, técnicos, científicos, administrativos y financieros, y plena capacidad para adquirir derechos, contraer obligaciones, administrar su patrimonio y suscribir convenios. Sus títulos, certificados y grados tendrán validez jurídica, aunque su ejercicio profesional seguirá sujeto a los requisitos y habilitaciones que establezcan las normas y colegios profesionales cuando corresponda.

La iniciativa organiza la relación con la CCSS, con el sistema universitario y con CONARE de forma clara: prevé coordinación y convenios para homologación académica, reconocimiento de créditos, investigación conjunta y uso de campos clínicos, pero expresa que la ley no incorpora automáticamente a la Universidad al Consejo Nacional de Rectores (CONARE) ni crea un derecho a participar en el Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior (FEES). Cualquier incorporación o acceso a fondos estatales futuros deberá ajustarse al marco constitucional y legal vigente.

La Universidad procurará autofinanciarse prioritariamente con matrículas, aranceles, educación continua, servicios técnicos, investigación, cooperación, donaciones y aportes permitidos. Además admite aportes que la CCSS pueda hacer para la fase inicial de instalación, siempre dentro del marco jurídico, presupuestario y de sostenibilidad financiera y sin que la ley cree cargas fiscales nuevas.

La dirección superior estará a cargo de un Consejo Superior Universitario (órgano político y estratégico) y de un Consejo Académico (órgano técnico vinculante en materias sustantivas). El Consejo Superior tendrá nueve miembros que incluyen representantes de la Gerencia Médica, Administrativa y Financiera de la CCSS, representantes del Ministerio de Salud, representación estudiantil y académica, y una persona de reconocida trayectoria designada públicamente. Las decisiones académicas sustantivas deberán basarse en criterios técnicos del Consejo Académico.

El proyecto integra al Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS) como plataforma originaria: en caso de creación, el CENDEISSS se incorporará funcional y patrimonialmente a la Universidad y sus bienes, programas y archivos necesarios pasarán al patrimonio universitario conforme a un plan de transición que garantice la continuidad del servicio y el respeto a derechos laborales. Mientras dure la transición, el CENDEISSS continuará ejecutando sus funciones ordinarias.

Como medida transitoria la ley crea una Comisión Organizadora ad hoc encargada de poner en marcha la Universidad: redactar el Estatuto Orgánico inicial, dictar la reglamentación indispensable, coordinar la integración del CENDEISSS, designar la rectoría interina y preparar la instalación del primer Consejo Superior. Esa Comisión durará hasta por dos años contados a partir del acuerdo de creación de la Universidad que adopte la CCSS posterior a la entrada en vigor de la ley, o hasta la instalación del primer Consejo Superior, lo que ocurra primero.

En materia de control y responsabilidad, la Universidad estará sujeta al control externo posterior de la Contraloría General de la República en cuanto a aspectos administrativos, presupuestarios y de legalidad; la Contraloría no podrá sustituir decisiones de naturaleza académica propias de la autonomía universitaria. El proyecto también exige que la Universidad implemente un sistema obligatorio de evaluación docente y que el personal conserve sus derechos laborales, salariales y de seguridad social durante la integración.

Defiende que el país y la CCSS necesitan aumentar y mejorar la formación de especialistas y del recurso humano en salud por déficits detectados en informes internos, auditorías y estudios de necesidades. El texto cita datos y estudios que justifican la propuesta y propone que la Universidad complemente, pero no necesariamente sustituya, la cooperación con otras universidades. Este proyecto de ley está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.