Proyecto 25553: Ley para la protección del turismo mediante la formalización de la oferta de servicios turísticos

El proyecto propone reformar la Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Turismo (Ley N.° 1917 del 9 de agosto de 1955) para obligar a identificar y formalizar la oferta de servicios turísticos y ampliar las facultades del ICT con el fin de combatir la informalidad, mejorar la seguridad y proteger al turista; la iniciativa está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa. El expediente es el 25553, presentado el 2026-04-28 y publicado según trámite posterior.

La proliferación de prestadores informales, la evasión fiscal, vacíos regulatorios y la ocurrencia de accidentes graves, que según el texto afectan la seguridad, la reputación del destino y la sostenibilidad económica del sector. En la exposición de motivos se indica además la preocupación por riesgos relacionados con el lavado de activos señalados por organismos internacionales.

Para enfrentar esos problemas el texto plantea medidas normativas y operativas que modifican varios artículos (entre ellos 2, 4, 5, 38 y 40) y que incluyen el fortalecimiento de la capacidad fiscalizadora y sancionatoria del ICT; la fijación de estándares mínimos obligatorios según categoría y riesgo; la creación de un registro nacional de prestadores; mecanismos de promoción de la formalización con acompañamiento para MIPYMES; y reglas de protección al consumidor turístico. Estas medidas, tal como están redactadas en el proyecto, serán desarrolladas y aplicadas por el ICT en los términos que establezca la ley y su reglamentación.

El proyecto crea y encomienda al ICT la puesta en marcha del Registro Nacional de Oferta Turística (RNOT). Ese registro se define como el instrumento oficial para identificar, inventariar y dar seguimiento a personas físicas y jurídicas, emprendimientos y actividades que integran la oferta turística del país, y tendrá carácter informativo, estadístico y de planificación sectorial; las actividades vinculadas al turismo y su alcance deberán precisarse en la reglamentación. La iniciativa también prevé que el RNOT esté accesible en línea y permanentemente actualizado, según la exposición de motivos.

El texto incorpora un nuevo artículo 39 Bis con definiciones que se usarán en procesos sancionatorios: por ejemplo, define "servicio turístico formal" como la actividad realizada por personas autorizadas y registradas ante el RNOT, y define la "prestación ilegal de servicios turísticos" como la actividad que ofrece o ejecuta servicios turísticos sin estar inscrita en el RNOT. El proyecto también introduce el concepto de "flagrancia en materia turística" para habilitar intervención inmediata cuando una persona física o jurídica sea sorprendida prestando servicios sin autorización vigente.

En cuanto a facultades y responsabilidades del ICT, la reforma deja explícito que el Instituto será el ente rector y supervisor del ecosistema turístico y le otorga potestades concretas: dictar normativa técnica de cumplimiento obligatorio en calidad, seguridad, sostenibilidad y accesibilidad; requerir información y realizar inspecciones, auditorías y verificaciones técnicas; emitir lineamientos vinculantes y planes de fiscalización sectorial; imponer medidas correctivas, precautorias y sancionatorias conforme al debido proceso; y coordinar con municipalidades y otras autoridades la gestión de permisos y la interoperabilidad de información. Esas atribuciones son las que el proyecto propone para que el ICT implemente la formalización y la fiscalización.

Entiende por turista a "todo extranjero no residente en Costa Rica, que visite el país por un tiempo no mayor de seis meses" y añade que, para efectos de protección, también se consideran turistas los costarricenses que viajen con fines de salud, recreo o descanso a lugares dentro del territorio nacional diferentes al de su residencia. Además reserva al ICT la capacitación y la autorización para extender licencias y/o declaratorias a guías de turismo, y establece que nadie podrá ejercer esas funciones sin la licencia correspondiente otorgada por el ICT; todos los autorizados conformarán el Registro Nacional de Oferta Turística.

Prohíbe la publicación de guías, directorios, tarjetas, postales, planos u otra propaganda turística que circule dentro o fuera del país sin la aprobación previa y escrita del ICT, y establece una multa por incumplimiento equivalente a "diez salarios base mensuai, del auxiliar 1 definido en el artículo 2 de la Ley 7337, de 5 de mayo de 1993"; en caso de reincidencia el ICT podrá elevar la denuncia ante las autoridades competentes. El texto plantea así sanciones administrativas para la difusión no autorizada de materiales turísticos.

El proyecto declara fines y fundamentos conexos (protección del turista, sostenibilidad, digitalización y apoyo a MIPYMES) y enuncia su contribución a varios Objetivos de Desarrollo Sostenible según la exposición de motivos, pero esas referencias aparecen como justificación de la reforma y no como obligaciones distintas a las ya descritas en los artículos modificados. Por último, la proposición está presentada como proyecto de ley ordinario bajo el expediente 25553 y su aprobación está pendiente de trámite en la Asamblea Legislativa; su entrada en vigor, según el texto, sería "a partir de su publicación" si llegara a aprobarse.

El proyecto, en su redacción actual, fija responsabilidades al ICT, exige registro y autorizaciones para que ciertos servicios sean considerados formales y prevé sanciones para prácticas no autorizadas, pero los detalles operativos, plazos de implementación, el alcance de los registros y la reglamentación específica dependen de normas reglamentarias y de los pasos posteriores que la Asamblea y el ICT adopten si la ley se aprueba.