Proyecto para eliminar la facultad de retirar las placas de los vehículos (expediente 25551)

El proyecto propone derogar el artículo 151 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, Ley N° 9078, con el objetivo de eliminar del marco legal la posibilidad de retirar las placas de matrícula de los vehículos. La iniciativa fue presentada por el diputado Daniel Gerardo Vargas Quirós y figura en el expediente 25551; está en etapa parlamentaria y permanecerá pendiente de aprobación hasta que la Asamblea Legislativa lo apruebe y se publique.

El cambio concreto que plantea la propuesta es solamente la eliminación de la norma que autoriza el retiro de placas: el articulado único dispone que “Derógúese el artículo 151 de la Ley de Tránsito…”. Si el proyecto se aprueba, esa derogatoria “rige a partir de su publicación”, es decir, la eliminación de la facultad legal sería efectiva desde la fecha de publicación que fije la ley. El texto no añade en el articulado reglas alternativas sobre cómo sustituir el mecanismo de control ni especifica procedimientos administrativos nuevos para las sanciones que queden vigentes.

Según la exposición de motivos, la iniciativa busca evitar lo que califica como un “doble castigo” cuando por la misma causa se impone una boleta de infracción y además se retiran las placas. El proyecto argumenta que el retiro de placas y la inmovilización generan efectos adversos en la economía de los propietarios, citando ejemplos como “pérdidas laborales, costos de recuperación, obstáculos para el desarrollo de actividades económicas y afectaciones a la movilidad”. Esa argumentación se usa para sostener que la derogatoria equilibraría derechos como la igualdad y la propiedad señalados en la Constitución.

Reducción de costos para propietarios por evitar gastos y pérdida de días laborales; optimización de recursos institucionales al disminuir trámites de recuperación de placas; menor impacto en actividades económicas al eliminar paralizaciones; y un énfasis en sanciones focalizadas en conductas de mayor riesgo. Estas son proyecciones y argumentos expuestos en la fundamentación del proyecto; el texto no convierte automáticamente esas previsiones en obligaciones para autoridades ni en medidas concretas operativas.

En la práctica, si la Asamblea aprobara la derogatoria, las autoridades de tránsito ya no tendrían en la ley la potestad de retirar placas conforme al artículo 151 derogado, lo que implicaría que las sanciones por infracciones seguirían aplicándose en la medida en que otras disposiciones lo permitan, pero sin la medida específica del retiro de placas. El proyecto no detalla excepciones, procedimientos de transición, plazos para adaptar actuaciones institucionales ni mecanismos compensatorios para quienes actualmente afrontan trámites de recuperación de placas; por tanto, esos aspectos quedarían por resolverse en normas, reglamentos o decisiones posteriores si la ley llegara a aprobarse.

El texto presentado incluye la petición formal a los diputados para que reciban la iniciativa y la someta a estudio; hasta tanto la Asamblea no la apruebe y se publique, la derogatoria propuesta no está vigente. La explicación anterior se limita a lo que efectivamente contiene el proyecto y a las condiciones y efectos que el propio texto establece o omite.