Proyecto 25545: Ley para la delimitación territorial de la Reserva Indígena Bribrí de Këköldi (Cocles)

El proyecto propone fijar por ley una nueva delimitación territorial de la Reserva Indígena Bribrí de Këköldi (Cocles) mediante coordenadas y un mapa anexo, y dispone actuaciones concretas para demarcar y registrar esos límites. El texto que presenta la diputada Carolina Delgado Ramírez establece en su articulado las coordenadas que definen qué terrenos quedan dentro de la reserva y ordena acciones administrativas para que el registro y la demarcación reflejen esa delimitación. El proyecto está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

El proyecto cambia la situación práctica sobre límites porque incorpora una tabla de coordenadas y un mapa que “representa” la superficie que se pretende reconocer como reserva; en el texto se indica que la propuesta conserva la compensación territorial hacia la población indígena y que la superficie representada en el mapa es de aproximadamente 5386 hectáreas. En la práctica, si la ley se aprueba con ese contenido, las coordenadas y el mapa serían la referencia legal obligatoria para identificar los terrenos que pertenecen a la reserva.

Para materializar la delimitación, el proyecto establece responsabilidades técnicas y administrativas: el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), en coordinación con la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), será responsable del financiamiento y de la demarcación limítrofe de la Reserva mediante “amojonamiento especial” conforme a los límites legalmente establecidos por la ley. Es decir, INDER y CONAI deben coordinar la colocación de mojones y los trabajos técnicos que marquen físicamente los nuevos límites.

Dispone que el Registro Nacional desafectará o dejará sin efecto las anotaciones registrales puestas en razón de la resolución judicial 004507‑F‑S1‑2019 en las fincas implicadas “sin que medie solicitud de parte”. Esa disposición busca que el estado registral de esas fincas quede coherente con la delimitación que la ley establezca, sin que los propietarios tengan que tramitar esa corrección.

Como condición procedimental relevante, la iniciativa exige que cualquier acto que afecte al territorio indígena —incluida la iniciativa de ley misma— se someta a consulta previa, libre e informada (CPLI) dirigida a la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Këköldi (ADI Këköldi) y a las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, incluidas autoridades tradicionales. La consulta deberá regirse por principios como la confianza, la buena fe, la participación y la transparencia y usar procedimientos culturalmente adecuados para recoger las posiciones de las comunidades afectadas.

El proyecto reitera una limitación jurídica sobre la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) y los bienes del dominio público: afirma que la ZMT forma parte del patrimonio nacional y pertenece de manera exclusiva al Estado, y que sólo mediante una ley formal y expresa puede privarse a esos bienes de su régimen de dominio público. Esa argumentación aparece como fundamento para que sea la ley —y no un acto administrativo genérico— la que resuelva incompatibilidades entre regímenes jurídicos en zonas donde se superponen protección del dominio público y reconocimiento de reservas indígenas.

En el articulado y las disposiciones transitorias el proyecto contiene medidas concretas de implementación y vigencia: fija coordenadas y mapa como referencia para la delimitación; atribuye a INDER y CONAI la financiación y el amojonamiento; ordena al Registro Nacional la desafectación de anotaciones derivadas de la resolución judicial mencionada sin solicitud de parte; y afirma que la propuesta mantiene la compensación territorial en aproximadamente 5386 hectáreas según el mapa anexo. La disposición final del expediente y la información pública también muestran que el expediente es el número 25545, fue presentado el 2026-04-27, publicado el 2026-05-12 (Gaceta No. 85) y tiene vencimiento cuatrienal 2030-04-27.

Queda claro que lo que el proyecto plantea son cambios que sólo producirán efectos si la Asamblea Legislativa aprueba la ley y si la redacción final contiene las mismas órdenes y límites. Mientras la iniciativa esté pendiente de aprobación, las medidas que describe son propuestas y no crean por sí mismas obligaciones jurídicas distintas a las que ya existen.