Proyecto de ley para la delimitación territorial de la Reserva Indígena Bribrí de Këköldi (Cocles) — expediente 25545

El proyecto propone modificar los lindes de la Reserva Indígena Bribrí de Këköldi (Cocles) para fijar jurídicamente sus límites y reducir la incertidumbre sobre territorios y propiedades. Está pendiente de aprobación. La iniciativa se presenta como una delimitación territorial por ley (con coordenadas y mapa anexo) que busca dar seguridad jurídica a la delimitación geográfica del territorio indígena de Këköldi, frente a cambios previos hechos por decretos ejecutivos que, según el texto, generaron conflictos territoriales y afectaciones a la propiedad privada.

El proyecto cambiaría concretamente los límites de la reserva mediante las coordenadas que incluye el articulado y el mapa anexo; además establece que la propuesta mantiene una compensación territorial a favor de la población indígena equivalen­te a una superficie de "aproximadamente 5386 hectáreas" representada en el mapa anexo. El cuerpo del proyecto contiene la parte dispositiva (articulado) con la delimitación en coordenadas y anexos cartográficos que delimitan la nueva traza propuesta.

En distintos momentos el Gobierno modificó lindes por decretos ejecutivos (por ejemplo Decretos de 1976, 1977, 1985 y 1996) y la Sala Primera de la Corte Suprema, mediante la resolución 004507-F-S1-2019 del 12 de diciembre de 2019, anuló parcialmente el Decreto Ejecutivo 25.296-G por falta de la consulta obligatoria, lo que, según el texto, restituyó límites que incluyen parte de la Zona Marítimo Terrestre y generó conflicto. El proyecto pretende resolver esa situación mediante una ley que fije límites y reconozca las compensaciones territorialmente otorgadas por el Estado.

La iniciativa exige que el trámite legislativo y cualquier acto que afecte el territorio indígena se someta a consulta previa, libre e informada (CPLI) con la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Këköldi ("ADI Keköldi") y las organizaciones representativas, siguiendo principios como confianza, respeto mutuo, buena fe, participación y transparencia y procedimientos culturalmente adecuados. En la parte de considerandos el texto también invoca normas y jurisprudencia internacional y nacional para sostener la necesidad del procedimiento de consulta, y afirma que la consulta debe garantizar la expresión plena de las opiniones de los pueblos indígenas.

Dispone que el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), en coordinación con la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), serán responsables del financiamiento y de la demarcación territorial limítrofe de la Reserva mediante amojonamiento especial conforme a los límites que fije la ley; asimismo, establece que el Registro Nacional desafectará las fincas que estén anotadas por efectos de la resolución 004507-F-S1-2019 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia del 12 de diciembre de 2019 "sin que medie solicitud de parte". El texto dispone que la norma rige a partir de su publicación.

En lo práctico, según el propio articulado y anexos que la iniciativa incorpora, la delimitación se realiza por ley con coordenadas y mapa oficial; se encarga a INDER y CONAI la ejecución del amojonamiento y el financiamiento correspondiente; se reconoce la superficie compensatoria aproximada de 5386 hectáreas para la población indígena y se prevé la desafectación registral de inmuebles anotados por la resolución judicial de 2019. El proyecto deja claro que cualquier afectación al territorio indígena deberá pasar por la consulta previa señalada; más allá de estas previsiones, el texto no transforma automáticamente actos judiciales previos en hechos consumados: la iniciativa propone la solución normativa y administrativa que se describe, pero está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.