Proyecto de ley 25535: Fortalecer la planificación y la seguridad energética del Sistema Eléctrico Nacional

El proyecto propone fortalecer la planificación integral y la seguridad energética del Sistema Eléctrico Nacional de Costa Rica mediante una ley cuyo objetivo central es establecer un marco legal para esa planificación y seguridad energética. El documento se presenta como proyecto de ley ordinario bajo el expediente 25535 y está en trámite parlamentario; por tanto, sus disposiciones aún no son obligatorias mientras no se apruebe y publique la ley correspondiente.

“El establecimiento de un marco para el fortalecimiento de la planificación integral y la seguridad energética del Sistema Eléctrico Nacional de Costa Rica”. Esa formulación aparece en el articulado que define el propósito general del texto y orienta las normas que siguen en el proyecto.

El texto identifica las autoridades responsables de la planificación del sistema y asigna funciones concretas: esas autoridades corresponden al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). Además, el proyecto dispone que el ICE ejercerá la planificación eléctrica nacional “con carácter mandatorio y vinculante”, es decir, plantea convertir la planificación en una decisión que debe cumplirse dentro del marco que propone la ley.

En materia de objetivos de planificación, el proyecto otorga prioridad a la descarbonización y al desarrollo de fuentes renovables y tecnologías limpias. El articulado establece que la planificación de expansión “otorgará, en su formulación e implementación, prioridad al desarrollo de las fuentes renovables y el acceso a nuevas tecnologías, bienes y servicios”, lo que orienta la selección y formulación de proyectos de generación, transmisión y distribución en esa dirección.

El proyecto introduce cambios en la gobernanza del ICE y requisitos para los miembros del Consejo Directivo. Entre las reglas propuestas figura la limitación de la participación en el Consejo a personas que “hayan laborado por, mínimo, cuatro años” en el Instituto, y la imposición de obligaciones de transparencia: las personas que conformen el Consejo Directivo “deberán declarar ante la Procuraduría de la Ética Pública todas las actividades profesionales que han ejercido durante los cinco años anteriores” a su nombramiento. También incluye mecanismos de responsabilidad: el texto prevé que directivos “responderán personalmente con su patrimonio por las pérdidas que le provoquen al ICE y serán sancionados con inhabilitación para cualquier otro cargo dentro de la función pública por un periodo de hasta diez (10) años” en los casos que describe el articulado.

Expediente 25535; fecha de inicio 2026-04-23; fecha de publicación 2026-05-12; número de Gaceta 85; y vencimiento cuatrienal 2030-04-23. El proyecto fue presentado por diputadas y diputados según el expediente y sigue su trámite en comisiones y en el plenario según las actas registradas. El proyecto está pendiente de aprobación y sus efectos dependerán de las disposiciones finales que resulten de ese proceso legislativo.