Proyecto de ley 25519 (Ley ATLAS): apertura y gestión de la investigación financiada con fondos públicos

El proyecto propone crear un marco legal que obligue a los organismos e instituciones públicas que integran el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y que reciben financiamiento público a establecer políticas y mecanismos para que los resultados de las investigaciones financiadas con recursos públicos estén disponibles al público mediante repositorios digitales institucionales de acceso abierto o portales nacionales. El texto es un proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa (expediente 25519) y está pendiente de aprobación.

El proyecto alcanza a las instituciones públicas que forman parte del sistema nacional de ciencia y que reciben financiación pública; estas, “en el marco de la autonomía constitucional”, deberán definir políticas institucionales para el acceso público a los datos primarios de investigación y para la gestión y preservación a largo plazo de esa información. En la práctica esto significa que cada organismo o universidad que recibe fondos públicos tendrá la obligación de establecer cómo depositar y poner a disposición sus publicaciones, datos y otros insumos científicos, respetando su autonomía institucional.

La versión final de la producción científico-tecnológica publicada o aceptada deberá depositarse en los repositorios digitales de acceso abierto de la institución en un plazo no mayor a seis (6) meses desde la fecha de su publicación oficial o de su aprobación; los datos primarios de investigación deberán depositarse y estar disponibles públicamente en un plazo no mayor a dos (2) años desde el momento de su recolección. Estos plazos se aplicarán plenamente cuando el repositorio institucional o compartido esté operativo, y el texto prevé mecanismos alternativos transitorios hasta que así sea.

Cuando un proyecto genere datos primarios, el proyecto de ley exige que exista un plan de gestión de datos que describa condiciones de almacenamiento, preservación y acceso; ese plan formará parte de la documentación del proyecto sin requerir procesos adicionales de aprobación. Además, la ley obliga a establecer disposiciones que garanticen la adecuada gestión de datos y la disponibilidad pública de los resultados en los plazos fijados.

Se podrá excluir la difusión de datos primarios o resultados cuando su divulgación vulnere la protección de datos personales, comprometa secretos industriales o comerciales, esté sujeta a acuerdos de confidencialidad formalizados, pueda afectar la seguridad nacional o la conservación de especies o recursos estratégicos, o cuando se encuentre en trámite una solicitud de protección mediante patentes u otras formas de propiedad industrial. En esos casos la institución responsable deberá documentar y justificar la excepción, y al menos deberán mantenerse públicos los metadatos descriptivos salvo que exista una causa debidamente motivada que lo impida.

El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) actúa como autoridad rectora: tendrá la función de emitir lineamientos generales, establecer estándares mínimos de interoperabilidad y brindar acompañamiento técnico a las instituciones para la adopción y gestión de repositorios digitales, sin perjuicio de la autonomía de las instituciones. La Rectoría deberá además coordinar acciones de implementación, promover estándares internacionales y podrá considerar positivamente el cumplimiento de la ley mediante puntajes que favorezcan la elegibilidad para nuevos fondos públicos destinados a proyectos de investigación.

El proyecto exige que los repositorios digitales institucionales sean compatibles con estándares internacionales de interoperabilidad y fija plazos transitorios para su puesta en marcha: dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada en vigencia el MICITT debe emitir lineamientos generales; las universidades públicas y las instituciones comprendidas tendrán veinticuatro (24) meses para habilitar repositorios propios o adherirse a repositorios compartidos interoperables; y los plazos de depósito previstos se aplicarán plenamente una vez que los repositorios estén operativos, permitiéndose soluciones alternativas mientras tanto.

El proyecto indica que la adopción será gradual, con coordinaciones interinstitucionales y plazos razonables para evitar cargas innecesarias. El texto incorpora el principio de “tan abierto como sea posible y tan cerrado como sea necesario” para permitir excepciones justificadas y documentadas. El proyecto está pendiente de aprobación y, si se aprueba, su entrada en vigor será a partir de su publicación conforme al articulado presentado.