Permitir y regular el uso de aguas subterráneas mediante pozos dentro del patrimonio natural del Estado (proyecto que reforma artículos 18 y 18 bis, expediente 25518)

El proyecto propone incorporar de forma explícita el aprovechamiento de aguas subterráneas mediante pozos dentro del marco que regula el patrimonio natural del Estado y las áreas protegidas, cambiando la referencia actual que limita la captación a "aguas superficiales". Esta es una iniciativa legislativa que modifica los artículos 18 y 18 bis de la Ley N.º 7575 y está identificada como expediente 25518; por ahora es un proyecto pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

El proyecto establece que, en el patrimonio natural, el Estado podrá realizar o autorizar labores y obras necesarias para el aprovechamiento de aguas subterráneas mediante pozos y la captación superficial para consumo humano, una vez aprobadas por el ministro de Ambiente y Energía; el ministro definirá, cuando corresponda, la realización de evaluaciones de impacto ambiental. En la práctica, esto significa que la autorización la decide la autoridad ambiental (MINAE) y que podrá exigirse evaluación ambiental según lo determine esa autoridad.

La autorización de pozos queda condicionada a requisitos técnicos y probatorios antes de conceder el permiso. El proyecto indica expresamente que la autorización debería sujetarse a: demostración de inexistencia o insuficiencia de fuentes superficiales y subterráneas fuera del área protegida correspondiente; presentación de estudios hidrogeológicos exhaustivos; garantía de no afectación de zonas de recarga ni del equilibrio hidrológico; e implementación de monitoreo permanente y control institucional. Es decir, la norma propone un permiso condicionado y sujeto a controles técnicos, no una autorización automática.

El texto incluye consideraciones técnicas-hidrogeológicas que explican por qué se propone permitir pozos en determinados predios del patrimonio natural: señala que las áreas protegidas presentan condiciones favorables para la recarga de acuíferos por conservar cobertura vegetal, baja intervención humana e integridad de suelos, lo que favorece infiltración, reduce escorrentía y protege las zonas de recarga frente a contaminantes. Esa argumentación orienta dónde y cómo se evaluaría la factibilidad técnica de un pozo.

El proyecto aclara que la habilitación de pozos debe entenderse como una medida técnica complementaria y sujeta a controles rigurosos, entre ellos estudios hidrogeológicos, evaluación ambiental, monitoreo continuo y regulación de los caudales de extracción. En la práctica, si la reforma se aprueba, los pozos dentro del patrimonio natural sólo podrían operar si cumplen esos controles y si la autoridad competente concede la autorización con las condiciones que exija.

En cuanto a vigencia y trámite, el proyecto incluye un transitorio que otorga al Poder Ejecutivo un plazo de seis meses para reglamentar la ley en caso de aprobarse. Mientras tanto, la iniciativa está en el proceso legislativo (expediente 25518) y sus efectos dependen de su aprobación por la Asamblea Legislativa y de la reglamentación que el Ejecutivo deba dictar dentro del plazo señalado.