Proyecto 25516: Prórroga y condiciones para las exoneraciones e incentivos al transporte eléctrico

El proyecto propone prorrogar la vigencia de los incentivos y la promoción del transporte eléctrico establecidos en la Ley N.° 9518 y modificar varios artículos para fijar condiciones, montos y plazos concretos para las exoneraciones tributarias. El texto es una iniciativa en trámite en la Asamblea Legislativa (expediente 25516) y está pendiente de aprobación.

El proyecto establece una tabla que liga el valor CIF del vehículo eléctrico (valor en aduanas) con el porcentaje de exoneración aplicable a tres tributos: impuesto general sobre las ventas (IVA), impuesto selectivo de consumo (ISC) e impuesto sobre el valor aduanero. En esa tabla, los primeros $30.000 del valor CIF tendrían 100% de exoneración; el tramo de $30.001 hasta $45.000 y el de $45.001 hasta $60.000 reciben porcentajes menores según cada impuesto; y para valores de $60.001 en adelante se aplican 0% de exoneración en los tributos indicados. La exoneración definida en este artículo tendría una vigencia de diez años a partir de la publicación de la ley.

El proyecto extiende exenciones específicas para repuestos vinculados al funcionamiento del motor eléctrico y las baterías: esos repuestos quedarían exonerados del impuesto sobre las ventas y del impuesto selectivo de consumo. El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), en conjunto con el Ministerio de Hacienda, deberá emitir un reglamento que regule la exoneración y la lista de repuestos incluidos. La exoneración de repuestos propuesta tendría una vigencia de quince años desde la publicación de la ley.

También se propone exonerar equipos destinados al ensamblaje y la producción de vehículos eléctricos del pago total del impuesto sobre las ventas, siempre y cuando el proceso presente al menos un veinte por ciento (20%) de valor agregado nacional. El Minae y el Ministerio de Hacienda definirán por reglamento los equipos sujetos a la exoneración. La vigencia propuesta para esta exoneración es de quince años desde la publicación de la ley.

En materia del impuesto a la propiedad de vehículos (el impuesto anual sobre la tenencia o propiedad), el proyecto dispone que los vehículos eléctricos estarán exentos por un plazo de diez años desde su nacionalización o desde su producción cuando fueron ensamblados localmente. La exoneración se aplicaría de forma decreciente durante los primeros cinco años: 100% el primer año; 80% el segundo; 60% el tercero; 40% el cuarto; y 20% el quinto año, según el articulado.

El proyecto propone además eximir, por diez años desde la publicación de la ley, las partes necesarias para la instalación de los centros de recarga de vehículos eléctricos del pago total del impuesto selectivo de consumo, del impuesto general sobre las ventas y del impuesto del uno por ciento sobre el valor aduanero. La lista concreta de partes beneficiadas deberá elaborarla el Minae por reglamento.

El proponente registra en la exposición de motivos la intención de prorrogar cinco años la ley original, pero el articulado concreto del proyecto fija plazos de vigencia que van de diez a quince años según el beneficio. Esa diferencia entre la prórroga mencionada en los considerandos y los plazos expresos en los artículos es parte del texto en trámite y quedará resuelta en el proceso legislativo si el proyecto avanza.

En la práctica, si se aprobara tal como está redactado, quienes podrían verse beneficiados son importadores y compradores de vehículos eléctricos según el tramo de valor; talleres y distribuidores de repuestos eléctricos que cumplan la lista reglamentaria; empresas que ensamblen o produzcan con al menos 20% de valor agregado nacional; y quienes instalen centros de recarga que incluyan las partes que el Minae defina. Varias exenciones requieren reglamentos del Minae y del Ministerio de Hacienda para precisar listas, condiciones y procedimientos, y las vigencias propuestas varían según el tipo de beneficio. Esta iniciativa está presentada en el expediente 25516 por el diputado Alejandro José Pacheco Castro y se encuentra en trámite en la Asamblea Legislativa, pendiente de aprobación.