Proyecto 25510: Ley para el reconocimiento, promoción y protección de las bebidas tradicionales costarricenses

El proyecto propone crear una ley para reconocer, promover y proteger las bebidas tradicionales costarricenses con contenido alcohólico, sus productos derivados y los saberes asociados, estableciendo un régimen especial de formalización, control sanitario, trazabilidad, comercialización y protección de origen; la iniciativa está pendiente de aprobación. El proyecto aparece en el expediente 25510, propuesto por Gilberto Arnoldo Campos Cruz, presentado el 2026-04-20 y publicado el 2026-04-30 (Gaceta 79), con vencimiento cuatrienal 2030-04-20.

El proyecto afecta a la producción, comercialización, promoción y certificación de bebidas tradicionales costarricenses con contenido alcohólico que se elaboren de forma artesanal o ancestral dentro del territorio nacional, así como a los productos típicos regionales que estén asociados al mismo sistema productivo y cultural. En estos casos la actividad quedaría sujeta a un “régimen especial” previsto por la ley para su formalización y control.

La creación de denominaciones de origen e indicaciones geográficas; la elaboración de un reglamento técnico especial que fije especificaciones sanitarias, de trazabilidad, etiquetado y verificación de origen; la exigencia de un expediente técnico de producto que describa materia prima, proceso, delimitación geográfica y características físico‑químicas y organolépticas; y la posibilidad de pliegos de condiciones y certificaciones de origen y producción artesanal.

Para que la producción y comercialización sean lícitas, el proyecto exige que los productores cumplan una serie de requisitos: inscripción en un registro especial de productores artesanales tradicionales; obtención del permiso o autorización sanitaria que defina el reglamento técnico especial; cumplimiento de las reglas de trazabilidad y etiquetado; licencia municipal de comercialización cuando corresponda; y certificación de origen y producción artesanal si se pretende usar referencias territoriales protegidas. Durante un período transitorio las autoridades deben privilegiar la asistencia para formalizar antes que la sanción, salvo en casos graves como riesgo sanitario, fraude o adulteración.

El Poder Ejecutivo debe emitir el reglamento técnico especial para estas bebidas y productos asociados dentro del plazo que fija la ley, y el Ministerio de Salud establecerá un régimen sanitario especial basado en análisis de riesgo y escalabilidad productiva, con requisitos diferenciados, procedimientos de autocontrol y muestreo según la naturaleza artesanal. La ley incorpora medidas de gradualidad regulatoria y asistencia técnica para facilitar la transición de producciones informales a un régimen legal.

La iniciativa también ordena la elaboración y actualización de un Inventario Nacional de Bebidas Tradicionales Costarricenses con Contenido Alcohólico y sus productos típicos regionales asociados, a cargo del Ministerio de Cultura y Juventud con participación de otros ministerios, y prevé rutas prioritarias de acompañamiento para preparar los expedientes técnicos y pliegos de condiciones dirigidos al registro de denominaciones de origen e indicaciones geográficas.

Adulterar bebidas amparadas por la ley; utilizar indebidamente una denominación de origen, indicación geográfica o certificación de origen; simular procesos artesanales; ocultar información de trazabilidad; y comercializar bajo el régimen especial productos elaborados fuera de las condiciones previstas por la ley y su reglamento. Las sanciones aplicables serán las previstas por el Código Penal, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios y otras normas especiales aplicables.

Dentro de los seis meses siguientes a su entrada en vigencia el Ministerio de Cultura y Juventud debe iniciar el inventario e identificación prioritaria; dentro de los doce meses el Poder Ejecutivo debe emitir el reglamento técnico especial y poner en funcionamiento el registro especial de productores artesanales tradicionales; y las personas que ya produzcan bebidas tradicionales con contenido alcohólico tendrán un plazo de doce meses para regularizar su situación conforme al régimen especial, periodo durante el cual las autoridades deberán priorizar la asistencia técnica y la formalización gradual.