El proyecto propone autorizar al INDER a condonar deudas por tierras (Expediente 25508)

El proyecto propone reformar parcialmente la Ley N.º 10.426 para autorizar al Instituto de Desarrollo Rural (INDER) a condonar deudas originadas por la adjudicación de tierras, entendidas como el principal y los intereses corrientes, moratorios y la póliza. Según el texto presentado en la Asamblea Legislativa, esa autorización se expresa como la facultad del INDER para perdonar total o parcialmente esas obligaciones a favor de personas físicas o jurídicas.

Aplica a las tierras adjudicadas a partir del 01 de enero de 2006 y hasta el 29 de noviembre de 2012, y se señala que esa condición rige aunque los títulos de propiedad o su inscripción se hubieran registrado con posterioridad a esas fechas. La propuesta modifica el alcance temporal de la norma previa para evitar superposiciones con otras disposiciones.

Permite la condonación total cuando el monto total adeudado a la entrada en vigencia de la ley sea inferior a quince millones de colones (¢15.000.000). Para los casos en que el saldo sea superior a quince millones de colones, la propuesta concede una condonación parcial del cincuenta por ciento (50%) del saldo adeudado.

Autoriza a la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) a aplicar la condonación por un término de cinco años contados a partir de la publicación del reglamento que desarrolle la ley. Es decir, la facultad de condonar la deuda no se ejerce indefinidamente sino durante ese plazo autorizado en la iniciativa.

El proyecto define requisitos y límites para solicitar el beneficio. Entre las condiciones previstas están: presentar la solicitud de beneficio ante el INDER; en los casos que se solicite la condonación parcial del 50%, aceptar el saldo al descubierto y presentar una solicitud de arreglo de pago; justificar el uso actual de la propiedad conforme a los objetivos para los que se le otorgó; y que ninguna persona física o jurídica reciba más de una condonación por unidad productiva, salvo que además se contemple un lote para vivienda. Además, las personas jurídicas deberán presentar estados financieros confeccionados por un contador público que acrediten la imposibilidad de atender la deuda cuando soliciten el beneficio del 50%.

Dispone que el Poder Ejecutivo debe reglamentar la ley en un plazo máximo de seis meses contados a partir de su publicación, y establece que la norma rige desde su publicación. El proyecto está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

El texto y sus condiciones constan en el expediente 25508 presentado por el diputado Yonder Salas Durán en la Asamblea Legislativa; la explicación anterior se limita a lo que el propio proyecto propone y está sujeta a la aprobación y a la reglamentación que indique el Poder Ejecutivo.