Proyecto 25504: Cambios propuestos a la Ley del Colegio de Farmacéuticos: inscripción, sanciones, votaciones, Junta Directiva y régimen solidario

El proyecto propone reformar parcialmente la Ley Orgánica del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica (Ley n.º 15 de 29 de octubre de 1941) y añadir dos transitorios; la iniciativa está registrada en el expediente 25504 y fue presentada por la diputada Paola Nájera Abarca. El texto es un proyecto de ley que está pendiente de aprobación y, según su articulado, rige a partir de su publicación si se aprueba.

El proyecto modifica varios artículos de la ley vigente. En la práctica establece que la inscripción en el Colegio se mantendrá mientras el profesional cumpla con la cuota mensual que imponga la institución, y regula las consecuencias por falta de pago: la suspensión en el ejercicio profesional por el atraso en cuotas (tres o más) se levantará cuando se paguen las cuotas atrasadas más una multa del diez por ciento (10%) del total adeudado. Esto cambia la cuantía de la multa que se aplicará para levantar suspensiones por morosidad, según lo dispuesto en los artículos reformados.

El proyecto regula cómo funcionan las Asambleas Generales del Colegio y amplía las formas de votación y participación. La Asamblea General seguirá estando conformada por los miembros activos y se reunirá en forma ordinaria una vez al año en el primer bimestre; entre sus funciones está conocer informes y aprobar el presupuesto. Además, el texto permite que las Asambleas se celebren de forma virtual, siempre que se garantice la interacción integral, multidireccional y en tiempo real entre quien presida y quienes participen, y exige técnicas que permitan transmisión simultánea de audio, video y datos para respetar simultaneidad, colegialidad y deliberación.

Estará integrada por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y tres vocales; los miembros durarán dos años en sus cargos y podrán ser reelegidos por períodos sucesivos en los términos que el texto establece. Para ocupar un cargo en la Junta se exige estar al día en las obligaciones económicas con el Colegio y no estar suspendido en el ejercicio de la profesión, de modo que quienes tengan deudas o sanciones pueden quedar impedidos de ser electos.

Se crea y financia un “régimen solidario de protección social” para los agremiados. El proyecto obliga a las personas colegiadas a pagar una cuota que se destinará íntegramente a ese régimen; la normativa que dicte la Asamblea del Colegio deberá contemplar la posibilidad de otorgar subsidios a agremiados que por enfermedad u otra causa semejante necesiten apoyo. La Junta Directiva podrá conceder exoneraciones temporales por dificultades económicas y el régimen tendrá reglas sobre beneficiarios, destino de fondos cuando no existan beneficiarios y la pérdida temporal de beneficios para quienes atrasen tres o más cuotas, hasta que paguen lo adeudado más la multa del 10%.

La integración de la nueva Junta Directiva se ajustará al vencimiento del periodo de los actuales miembros y los nombramientos vigentes se mantendrán hasta esa fecha; además, las sumas que hoy formen parte del fondo de Mutualidad y Subsidios creados por la Ley n.º 15 pasarán a integrarse a los fondos que se creen como parte del régimen solidario de protección social. El proyecto dispone que sus normas rigen a partir de su publicación.

El proyecto ya tiene trámites registrados (presentación y publicación temprana en abril de 2026) y queda sujeto a las etapas parlamentarias que siguen hasta que, eventualmente, sea aprobada y publicada; por ahora es una propuesta y no produce efectos legales hasta que se convierta en ley.