Condonación y saneamiento de deudas del INDER para adjudicatarios y arrendatarios (Proyecto 25502)

El proyecto propone autorizar al Instituto de Desarrollo Rural (INDER) a condonar, a petición de parte, total o parcialmente las deudas morosas por principal, intereses corrientes, moratorios y pólizas originadas por dotaciones de tierra y por arrendamientos de la Franja Fronteriza entregados por el ITCO, el IDA o el INDER dentro del corte de saldos que fija la ley. Esta propuesta está pendiente de aprobación y crea un régimen temporal y excepcional que sustituye regímenes parciales anteriores y centraliza la decisión en la Junta Directiva del INDER, que podrá delegar en la Presidencia Ejecutiva.

Podrán solicitar la condonación personas físicas o jurídicas cuya actividad principal sea agropecuaria y que mantengan obligaciones derivadas de los actos indicados. A las personas jurídicas se les exige además estados financieros auditados o certificación contable del periodo fiscal anterior para verificar la ausencia de capacidad de pago; la existencia de activos realizables suficientes excluye a la persona jurídica del beneficio. El expediente se tramitará a petición del interesado ante la oficina territorial del INDER y deberá acompañarse la documentación que el reglamento exija.

Operaciones con saldo total igual o menor a 15.000.000 de colones podrán condonarse hasta en 100%; operaciones con saldo mayor a 15.000.000 y hasta 25.000.000 inclusive podrán condonarse hasta en 50%; las operaciones con saldo superior a 25.000.000 quedan excluidas. La autoridad debe motivar el porcentaje otorgado dentro de esos límites y se prevé la posibilidad de ajustar los umbrales por decreto ejecutivo si el informe técnico del portafolio lo justifica.

El proyecto define los criterios técnicos para considerar una operación de alta morosidad y apta para saneamiento: mora igual o superior a sesenta meses o gestiones de cobro judicial o extrajudicial infructuosas; garantías inexistentes, extinguidas, no realizables o con valor insuficiente; y verificación de uso productivo del predio o, alternativamente, acreditación de una afectación socioeconómica sobrevenida (por ejemplo pobreza, discapacidad, jefatura monoparental, eventos climáticos o fitosanitarios). El INDER debe registrar los efectos contables conforme a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público y la normativa de la Contraloría General de la República.

Solo se condonarán deudas por arrendamientos contratados con el IDA o el INDER antes del pronunciamiento C-223-2015 del 19 de agosto de 2015, siempre que el arrendatario haya actuado de buena fe, use el predio para fines compatibles y no cuente con activos realizables suficientes para cubrir la deuda. Las concesiones formalizadas después de esa fecha no quedan amparadas por ese artículo y seguirán el régimen general.

La ventana general para presentar solicitudes será de seis meses desde la entrada en vigencia de la ley, con resolución motivada de la Administración dentro de los 180 días naturales siguientes a la radicación completa del expediente. Como transitorio se establece que, para elegibilidad, serán considerados predios asignados antes del 31 de diciembre de 2025 y que la fecha de corte de los saldos será 30 de abril de 2026 o la fecha de entrada en vigor de la ley; además el proyecto otorga 90 días para la reglamentación y 90 días para armonizar políticas contables del INDER. En caso de condonación total, el INDER gestionará gratuitamente el levantamiento de gravámenes e hipotecas relacionados; si se requiere notariado externo, los costos notariales correrán por la persona interesada.

Prohíbe condonaciones múltiples por la misma unidad productiva o lote destinado a vivienda, establece requisitos adicionales para personas jurídicas para evitar beneficios indebidos, y obliga al INDER a publicar trimestralmente un informe agregado (sin datos personales) con número de operaciones tramitadas, saldos saneados por tramo, efectos contables y estimación del impacto sobre su capacidad presupuestaria para adquirir nuevas tierras, remitido a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Hacienda. La ley derogaría expresamente las leyes anteriores que autorizaron condonaciones parciales y permite reconducir expedientes en trámite al nuevo régimen si el solicitante así lo decide.

La propuesta contiene condiciones, límites y plazos que deben observarse en la práctica y está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.