Proyecto 25491: Proyecto que propone endurecer sanciones y regular decomisos por minería ilegal

El proyecto propone modificar el capítulo 3 del Código de Minería para tipificar y sancionar de forma penal la minería ilegal y conductas conexas, endurecer penas, crear agravantes y regular el decomiso, destino y uso de los minerales incautados. La iniciativa sustituye el texto actual del capítulo referido y condiciona la entrada en vigor a su publicación si se aprueba.

El proyecto afecta a quien realice actividades extractivas fuera del marco legal (sin concesión, permiso, autorización o título habilitante) y también a quienes organicen, dirijan, financien, faciliten, transporten, procesen, comercialicen o suministren insumos para esa actividad. En la práctica, quedan cubiertos operadores en campo, intermediarios, financistas, transportistas y quien provea sustancias químicas peligrosas cuyo empleo esté destinado a minería ilegal.

Para quien realice la minería ilegal se dispone una pena de cuatro a ocho años de prisión; para quien, sabiendo que el material proviene de minería ilegal, lo procese, transporte, comercialice o exporte, también se prevén penas de cuatro a ocho años, que aumentan a cinco a diez años si hay conocimiento del origen ilícito y ánimo de lucro; y para quien utilice, transporte, posea o suministre mercurio, cianuro u otras sustancias peligrosas con el propósito de emplearlas en minería ilegal la pena prevista es de cinco a diez años de prisión. Estas son sanciones penales, no sólo administrativas.

El proyecto incorpora agravantes que elevan las penas “hasta en un tercio” cuando concurran circunstancias como la realización de la actividad en áreas protegidas o de recarga hídrica, la producción de contaminación significativa de suelos, aguas o ecosistemas, el empleo de maquinaria pesada, la participación coordinada de varias personas, el uso de violencia o la corrupción de funcionarios, o la causación de daño ambiental grave o difícil reparación. En ese marco, la existencia de esas circunstancias en el hecho punible influye directamente en el cálculo de la pena.

Aportar recursos económicos, suministrar maquinaria o insumos, dar resguardo o utilizar estructuras empresariales para encubrir la actividad son conductas que quedarían castigadas con penas privativas de libertad. El propósito es alcanzar también a quienes no extraen materiales personalmente pero hacen posible la actividad ilícita por otros medios.

Quien resulte condenado por los delitos previstos quedará obligado a reparar los daños ambientales causados, a asumir los costos de restauración y a cubrir los gastos de investigación, incautación y destrucción de equipos utilizados. Estas obligaciones civiles y pecuniarias se articulan junto con la sanción penal para procurar la reparación y la recuperación de los costos de intervención.

En materia de medidas cautelares y decomiso, la autoridad judicial o administrativa competente podrá ordenar la incautación inmediata de bienes cuando existan indicios de su uso en minería ilegal; el proyecto enumera bienes susceptibles de incautación (maquinaria, equipos, vehículos, insumos químicos, mena, metales y minerales extraídos). El decomiso de esos bienes se ordenará mediante sentencia condenatoria y, en casos en que no pueda identificarse al responsable, podrá declararse por resolución judicial motivada. Cualquier mena, metal o mineral decomisado pasaría a ser propiedad del Estado costarricense y, una vez realizados los análisis periciales y firme la resolución de decomiso, el mineral podrá refinarse, valorizarse o venderse mediante procedimientos transparentes (subasta o contratación pública) o destinarse a fines científicos o institucionales.

El proyecto prevé además la distribución de los recursos obtenidos del destino de los minerales decomisados: asigna porcentajes para fines concretos, entre ellos 20% para restauración ambiental en las zonas afectadas; 20% para el fortalecimiento policial enfocado al control migratorio y persecución penal contra la minería ilegal; 20% para programas de desarrollo sostenible para comunidades impactadas; 20% para educación ambiental a nivel nacional; y 20% para la caja única del Estado. Estas asignaciones aparecen como destino prioritario de los ingresos derivados del aprovechamiento del material decomisado.

El expediente identificado con número 25491 fue presentado y publicado en abril de 2026 y permanece pendiente de aprobación y de la tramitación parlamentaria correspondiente; si la ley se aprobara, las disposiciones del articulado correrían desde su publicación. Los datos administrativos del trámite y la lista de proponentes constan en el expediente presentado en la Asamblea Legislativa.