Proyecto 25489: Ley para garantizar la operatividad inmediata de los fondos de emergencia sanitaria agropecuaria

El proyecto propone autorizar que el Ministro de Agricultura y Ganadería declare, mediante resolución administrativa motivada y con fundamento en criterios técnicos emitidos por el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) o el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), una “emergencia técnica sanitaria animal o fitosanitaria” en todo el territorio o en regiones específicas, y que esa declaratoria habilite de forma inmediata la aplicación de los regímenes operativos y financieros previstos en la legislación especial de los servicios técnicos. Esta propuesta está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa y, hasta que no se apruebe, solo constituye una iniciativa parlamentaria.

La norma propone que, cuando exista la declaratoria administrativa de emergencia técnica sanitaria animal o fitosanitaria, los propietarios, arrendatarios u ocupantes de inmuebles de carácter productivo, comercial, industrial, viviendas o predios baldíos estén obligados a permitir el “ingreso inmediato y necesario” de las autoridades fitosanitarias o de salud animal debidamente acreditadas con los equipos y materiales que consideren pertinentes para investigar, combatir o erradicar plagas y tomar muestras. Si se impide el acceso, la autoridad fitosanitaria podrá solicitar a la autoridad judicial la orden de allanamiento, la cual deberá ser dictada dentro de las veinticuatro horas naturales siguientes a su solicitud.

Autoriza que el SENASA y el SFE destinen al fondo de emergencia entre un dos por ciento (2%) y hasta un diez por ciento (10%) de la totalidad de sus ingresos anuales propios generados por la venta de servicios. Los recursos incorporados al fondo y los remanentes no ejecutados al cierre de cada ejercicio se acumularán y se mantendrán exclusivamente para los fines de emergencia para los que fueron creados; esos recursos no se considerarán gasto corriente y, siempre que se usen exclusivamente en emergencias técnicas debidamente declaradas, no estarán sujetos a las limitaciones de crecimiento del gasto previstas en la Ley N.º 9635.

Respecto a cómo se debe gastar ese dinero, la ejecución de los recursos de cada Fondo para una emergencia estará limitada: el gasto de apoyo administrativo no podrá exceder del quince por ciento (15%) del total de los recursos ejecutados; el restante deberá destinarse a acciones directas de control, erradicación, vigilancia, prevención y atención técnica de la plaga o emergencia declarada. Además, durante la emergencia el Servicio podrá usar el procedimiento de contratación de urgencia previsto en la Ley General de Contratación Pública, bajo el régimen de fiscalización posterior de la Contraloría General de la República.

El Servicio Nacional de Salud Animal deberá presentar la liquidación de los gastos efectuados dentro de los tres meses posteriores a la declaratoria de emergencia; si la emergencia continúa, deberá presentar el presupuesto del monto a ejecutar durante los siguientes seis meses para la respectiva aprobación ante la Contraloría General de la República y continuar la rendición de cuentas conforme a los plazos reglamentarios.

Quien impida sin causa justificada la labor de las autoridades en una emergencia declarada recibirá una multa según la categoría del inmueble o actividad. Para categoría residencial la multa va de uno (1) a tres (3) salarios base; para categoría comercial, industrial o baldíos urbanos de cinco (5) a quince (15) salarios base; y para categoría productiva o agroindustrial de cinco (5) a cincuenta (50) salarios base. Cuando la infracción se cometa durante la vigencia de una emergencia técnica sanitaria animal debidamente declarada, la sanción podrá aumentarse en un tercio adicional. En la categoría productiva o agroindustrial la obstrucción también genera responsabilidad civil por daños y perjuicios efectivamente causados, sin perjuicio de responsabilidades administrativas o penales que procedan.

En el plano operativo y regulatorio, el Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Agricultura y Ganadería, deberá reglamentar la ley en un plazo máximo de noventa días naturales contados desde su entrada en vigencia. Además, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la entrada en vigencia, el Ministerio de Agricultura y Ganadería deberá hacer las adecuaciones administrativas y técnicas necesarias para aplicar las disposiciones, y el Ministerio de Hacienda y la Tesorería Nacional deberán realizar ajustes administrativos y procedimentales para garantizar la ejecución oportuna de los recursos mediante los procedimientos ordinarios de órdenes de pago contra los saldos disponibles en la Caja Única del Estado.

El proyecto limita el alcance de los cambios al uso de fondos y a procedimientos excepcionales para emergencias técnicas declaradas y exige controles y rendición de cuentas. Hasta que la Asamblea Legislativa no lo apruebe, estas medidas son propuestas y no generan obligaciones legales vigentes ni derechos adquiridos; la entrada en vigor y los plazos operativos dependen de su eventual aprobación y de la posterior reglamentación y ajustes administrativos indicados en la iniciativa.