Proyecto 25488: Reforma para fortalecer la gobernanza y profesionalizar la Junta Directiva de la CCSS

El proyecto propone reformar la ley que regula la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para fortalecer la gobernanza de su Junta Directiva y exigir requisitos técnicos y controles más estrictos a sus integrantes; la iniciativa está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa. La propuesta se presenta como un conjunto de cambios que obligan nuevos requisitos para nombramientos, crean comités técnicos permanentes, fijan deberes fiduciarios y evaluaciones externas, y regulan dietas y sesiones.

El proyecto afecta directamente a las personas que sean nombradas como miembros de la Junta Directiva de la CCSS y, por transición, a los miembros actuales que deberán acreditar nuevos requisitos en el plazo que fija la norma. En la práctica esto significa que los sectores que nombran miembros (Estado, patronos y trabajadores) deberán coordinar sus designaciones para cubrir una matriz disciplinaria y someter a los candidatos a procesos de verificación previos a su posesión.

Exigir un grado académico mínimo (licenciatura o especialidad en áreas vinculadas a la gestión de la seguridad social), acreditar al menos diez años de experiencia profesional en áreas relevantes (salud pública, economía, finanzas, actuaría, auditoría, administración, derecho público u otras afines), presentar declaración jurada de intereses y patrimonio y no mantener conflictos con proveedores o contratistas de la institución. También prohíbe haber ocupado cargos de dirección o tesorería en partidos políticos en los cuatro años anteriores al nombramiento y obliga a certificar conocimientos en gobierno corporativo en los primeros seis meses de gestión.

Antes de tomar posesión, el proyecto obliga a que un comité técnico de verificación certifique el cumplimiento de esos requisitos y que exista un período de consulta pública de diez días hábiles para que la ciudadanía pueda presentar objeciones documentadas sobre la idoneidad moral o técnica de los candidatos; ese informe será público y obligatorio para la toma válida del cargo. En la práctica, esto añade una etapa de control técnico y participación pública previa a la juramentación.

Para la toma de decisiones, la iniciativa crea comités técnicos permanentes en la Junta Directiva (auditoría y riesgo; inversiones y sostenibilidad actuarial; salud y calidad del servicio; ética y cumplimiento). Cada miembro deberá integrar al menos uno de esos comités, las presidencias de auditoría y de inversiones deben ser ocupadas por directivos con atestados comprobados en finanzas, economía o ciencias actuariales, y los comités podrán incorporar expertos externos con voz pero sin voto. Los dictámenes emitidos por estos comités serán requisito previo obligatorio para votaciones sobre inversiones, infraestructura o modificaciones estructurales de los regímenes.

El proyecto consagra el deber fiduciario de los directivos y los hace responsables patrimonialmente por daños ocasionados por dolo o culpa grave, incluyendo la omisión ante advertencias formales de informes técnicos o actuariales. La Junta Directiva quedará sometida a una evaluación externa anual, objetiva e independiente (por la Contraloría o una firma auditora), cuyos resultados deficientes e injustificados en dos evaluaciones consecutivas serán causal de remoción justificada. Además, cuando se identifiquen desviaciones significativas, la Junta deberá aprobar planes de acción correctivos con plazos y responsables.

En remuneraciones y sesiones, la propuesta homologaría las dietas de la Junta Directiva de la CCSS con las reconocidas para la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica para atraer y retener talento; fija un límite máximo de ocho sesiones remuneradas mensuales y condiciona el pago de la dieta a la asistencia efectiva y al cumplimiento de las responsabilidades asignadas. Estas reglas buscan condicionar el cobro de dietas a la participación efectiva y al cumplimiento de funciones.

En cuanto a implementación, la ley se reglamentará por el Poder Ejecutivo en un plazo máximo de seis meses contados desde su publicación. Como transitorio, los miembros actuales mantendrán sus cargos hasta concluir su período, pero deberán acreditar el cumplimiento de los nuevos requisitos dentro de un plazo máximo de doce meses a partir de la vigencia de la norma; la ley rige a partir de su publicación. Estos plazos establecen cuándo comienzan a producirse los efectos prácticos de las nuevas obligaciones para personas ya en el cargo.