Proyecto 25485: Proyecto propone que los recursos del FOFIDE sigan computando como patrimonio de los bancos públicos y obliga un aporte anual del 5%

El proyecto propone reformar el artículo 32 de la Ley N.º 8634 (Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo) para establecer que los bancos públicos deberán destinar, anualmente, al menos un cinco por ciento (5%) de sus utilidades netas después del impuesto sobre la renta al financiamiento del desarrollo y que esos recursos seguirán siendo parte del patrimonio de cada banco. Esta iniciativa está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

La decisión concreta que propone el texto es obligar a los bancos públicos señalados en la ley a destinar un aporte anual mínimo del 5% de sus utilidades netas posteriores al impuesto sobre la renta para alimentar los fondos de financiamiento para el desarrollo (FOFIDE u otros fondos de cada banco) y, al mismo tiempo, aclarar que esos recursos “seguirán siendo parte del patrimonio de cada uno de los bancos públicos” y deberán ser cuantificados para el cálculo de la suficiencia patrimonial de cada entidad. El proyecto incluye la afirmación de que los rendimientos obtenidos por las operaciones con esos fondos forman parte del patrimonio del banco y contiene reglas sobre destino porcentual mínimo de ciertos recursos del fondo.

La norma afecta a los bancos públicos enlistados en la ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, porque les impone la obligación anual de aportar al menos el 5% de sus utilidades netas al fondo de desarrollo propio. También afecta al cálculo regulatorio de la suficiencia patrimonial de esos bancos, porque el proyecto reclama que esos recursos se mantengan como parte del patrimonio computable de cada banco para efectos legales y regulatorios.

Según el articulado propuesto, cada banco público deberá destinar anualmente el 5% de sus utilidades netas del año anterior como base de cálculo; esos recursos integrarán y “seguirán siendo parte del patrimonio de cada uno de los bancos públicos para la creación y el fortalecimiento patrimonial de sus propios fondos de desarrollo”. El proyecto prevé además que una parte de los fondos (por ejemplo, “al menos el once por ciento (11 %)”) se destine a determinados beneficiarios previstos en la ley, y deja abierta la posibilidad de aportes adicionales por decisión de la junta directiva de cada banco. La norma establece que deberá contarse y cuantificarse ese patrimonio para efectos del cálculo de la suficiencia patrimonial de cada banco.

La exposición de motivos del proyecto relata que la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) ha venido interpretando reglamentos y oficios de forma que obliga a los bancos a “restar” ese 5% del cálculo de su capital regulatorio, lo que, según el texto del proyecto, genera una asimetría regulatoria y un efecto de descapitalización de la banca pública. El proyecto busca revertir esa interpretación regulatoria y volver a la intención legislativa que permitía destinar el 5% a fondos de desarrollo sin que ello implicara reducir la suficiencia patrimonial computable del banco.

El texto incorpora argumentos y oficios de bancos públicos que alertan sobre efectos negativos. Entre las cifras que cita el documento, se menciona una estimación de “reducción de 653.705 millones de colones en el financiamiento” atribuida a la imposibilidad de apalancar esos recursos cuando SUGEF los excluye del capital base. El proyecto sostiene que la interpretación de SUGEF genera una “clara asimetría regulatoria” frente a la banca privada y que limita la capacidad de apalancamiento y el rol de los bancos estatales como impulsores del crédito para el desarrollo.

El articulado propuesto indica que la reforma “rige a partir de su publicación”. El texto también contiene reglas internas sobre destino de porcentajes del fondo (por ejemplo el 11% citado) y permite aportes adicionales de las juntas directivas. El proyecto es una modificación de la ley vigente y, en tanto proyecto, su contenido no es ley hasta que la Asamblea Legislativa lo apruebe y se publique en la forma legal correspondiente.

El expediente es el número 25485, presentado y recibido en la Asamblea Legislativa el 2026-04-08, y publicado el 2026-04-22; varios diputados figuran como proponentes. El proyecto fue remitido a la comisión de Económicos para debate (ingresó al orden del día y debate en la comisión el 2026-07-21 según el trámite).