Proyecto 25479: Ley para la eliminación de contaminación visual por cableado

El proyecto propone crear normas que obliguen a ordenar y retirar el cableado y elementos de telecomunicaciones que estén en desuso o instalados fuera de las reglas técnicas, con el fin de reducir la “contaminación visual” en el espacio público y mejorar la seguridad y el orden urbano. La iniciativa fue presentada por el diputado Manuel Esteban Morales Díaz y quedó registrada en la Asamblea Legislativa con el expediente 25479; su trámite comenzó el 2026-04-07 y fue publicado el 2026-04-22 (Gaceta No. 73). El texto está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

El proyecto modifica normas vigentes para imponer obligaciones concretas a quienes poseen infraestructura (postes, ductos u otros soportes) y a los operadores o proveedores de servicios de telecomunicaciones. Cuando los propietarios de la infraestructura detecten subutilización, desuso o uso ineficiente de elementos de red, deben notificar a los operadores o proveedores para que procedan a la desinstalación y remoción; al proponente le resulta importante que esa remoción se realice conforme a las disposiciones técnicas aplicables y a los requerimientos de las autoridades competentes. El texto establece que, para la desinstalación y remoción, “se deberá otorgar un plazo máximo de 2 meses”.

El proyecto reconoce a los usuarios finales el derecho a “recibir un entorno urbano seguro, ordenado y libre de contaminación visual” causada por infraestructura de telecomunicaciones en desuso o instalada en contravención de normas técnicas. Ese derecho incluye la posibilidad de exigir a operadores y proveedores el “mantenimiento, ordenamiento y retiro oportuno del cableado y demás elementos de red que no se encuentren en operación o carezcan de justificación técnica”.

Añade normas que permiten considerar como infracciones graves la gestión inadecuada del cableado y tipifica como conducta sancionable el “mantener en la infraestructura... elementos de red, cableado o equipos en desuso o sin operación activa, sin proceder a su retiro oportuno” conforme a las normas técnicas y requerimientos de las autoridades. El texto también prevé que el retiro y las acciones de fiscalización se ajusten a los plazos y mecanismos que el proyecto incorpora.

La entrada en vigor de las disposiciones propuestas está prevista “a partir de su publicación”. El proyecto deja condiciones y límites explícitos: el retiro debe seguir las disposiciones técnicas aplicables y los requerimientos de las autoridades; además contempla que puede existir una “justificación válida” para mantener equipos en la infraestructura, en cuyo caso se admite esa excepción temporal. El documento es un proyecto de ley y sus efectos obligatorios dependen de que la Asamblea Legislativa lo apruebe.