Proyecto 25465: Reforma al artículo 67: permitir reajustes en alquileres pactados en moneda extranjera y unificar reglas de ajuste anual

El proyecto propone eliminar la excepción actual que impide cualquier reajuste del alquiler cuando el precio de una vivienda fue pactado en moneda extranjera, y dejar sujeto todos los contratos de vivienda a un mismo régimen anual de reajuste basado en inflación y dentro de los límites que fija la ley. El proyecto está pendiente de aprobación y fue presentado en la Asamblea Legislativa por el diputado Alejandro Pacheco Castro.

El cambio concreto que propone es derogar el último párrafo del artículo 67 que actualmente dice que si el precio del arrendamiento se pactó en moneda extranjera la suma convenida se mantiene invariable durante todo el plazo del contrato “sin derecho a reajuste”. Con la derogatoria, los contratos en dólares u otra moneda extranjera dejarían de ser la única excepción y quedarían sujetos al régimen de reajustes que se aplica a los contratos pactados en colones.

En la práctica, la nueva redacción del artículo 67 que contiene el proyecto establece que el precio convenido en arrendamientos para vivienda se actualizará al final de cada año del contrato. Salvo que las partes acuerden algo más favorable para el inquilino, el reajuste se regirá por reglas específicas según la inflación acumulada: cuando la inflación anual acumulada sea menor o igual al 10% el arrendador podrá reajustar el alquiler en un porcentaje igual o menor a esa tasa de inflación acumulada.

Si la inflación acumulada de los doce meses previos al vencimiento anual es mayor al 10%, la norma prevé que el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) —con criterios que consideran la actividad de la construcción y el equilibrio entre arrendador y arrendatario— establecerá el porcentaje adicional de aumento que podrá aplicarse, siempre dentro de límites (no inferior a 10% ni mayor que la tasa anual de inflación), según el texto del proyecto.

El procedimiento para aplicar el reajuste exige que el arrendador notifique al arrendatario el aumento y acompañe certificación del Instituto Nacional de Estadística y Censos o copia auténtica de la publicación oficial; el ajuste rige a partir del período de pago siguiente a esa notificación. Si el inquilino no está conforme, puede depositar judicialmente el precio anterior, pero ese pago liberatorio quedará sujeto al resultado del eventual proceso de desahucio promovido por el arrendador. Además, cualquier reajuste que supere lo autorizado por el artículo será nulo de pleno derecho.

La norma también mantiene la posibilidad de que las partes acuerden por escrito un reajuste menor al índice oficial: esos convenios de partes que pacten aumentos más bajos serán válidos. Finalmente, el proyecto establece que la reforma “rige a partir de su publicación”. La fuente de esta información es el texto del propio proyecto presentado en la Asamblea Legislativa; la propuesta aún debe seguir el trámite parlamentario correspondiente antes de convertirse en ley.