Proyecto 25463: Ley marco de adaptación y mitigación frente a la crisis climática y ambiental planetaria

El proyecto propone crear un marco jurídico nacional para fortalecer la resiliencia territorial, promover la adaptación estructural al cambio climático e integrar medidas de mitigación ambiental en la planificación del desarrollo nacional y local. El texto establece ese objetivo explícito en su articulado y se presenta como iniciativa legislativa identificada con el expediente 25463, ingresada por el diputado Pedro Rojas Guzmán; la tramitación y la publicación del proyecto constan en las actas y fechas del expediente. El proyecto está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

El proyecto exige que toda planificación y evaluación pública integre la variable climática y considere escenarios proyectados de variabilidad y riesgo. En la práctica, eso significa que planes reguladores, planes de ordenamiento territorial, evaluaciones de impacto ambiental, evaluaciones ambientales estratégicas y políticas sectoriales deberán incorporar de forma explícita proyecciones climáticas y análisis de riesgo para fundamentar decisiones sobre aptitud territorial y medidas de adaptación.

Cada municipio deberá elaborar y mantener actualizado un diagnóstico técnico de vulnerabilidad climática con contenido mínimo definido por la ley. El articulado describe que ese diagnóstico debe incluir cartografía detallada de amenazas, identificación de zonas de riesgo alto o extremo, evaluación de infraestructura crítica y análisis de vulnerabilidad hídrica y productiva, entre otros elementos señalados textualmente en la norma.

Obliga a incorporar criterios de resiliencia climática en edificaciones públicas estratégicas y nuevos desarrollos urbanos; promueve la adaptación estructural de obras e infraestructura; impulsa una agricultura adaptativa regionalizada con lineamientos técnicos y seguros agrícolas; y plantea la gestión hídrica por cuenca como eje estratégico. Estas disposiciones establecen responsabilidades técnicas y de planificación que deben aplicarse conforme a lo que indique el reglamento de la ley.

En materia de mitigación, la iniciativa impulsa la gestión progresiva de la huella de carbono y mecanismos para financiar la restauración ecosistémica. El texto propone promover la compensación gradual de la huella de carbono para que las actividades productivas avancen hacia condiciones de carbono neutro o positivo, así como certificados verdes y créditos destinados a financiar procesos de restauración ecológica activa en zonas degradadas; esos instrumentos deberán definirse técnicamente en el reglamento.

La ley asigna un rol central al Instituto Meteorológico Nacional en la generación y actualización de información climática y fomenta plataformas digitales y herramientas analíticas, incluida la inteligencia artificial, para procesar datos meteorológicos, hidrológicos y territoriales. Con esa información actualizada se pretende facilitar decisiones locales y sectoriales basadas en evidencia técnica, según lo previsto en el articulado.

El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo máximo de doce meses y el texto incorpora la idea de aplicación gradual en proyectos existentes, respetando derechos adquiridos y principios de seguridad jurídica; esos plazos y condiciones solo serán exigibles si la ley se aprueba y se promulga. El expediente registra fechas de presentación y publicación (inicio 2026-03-25; publicación 2026-04-15, Gaceta 68) y la iniciativa indica límites de implementación que dependen de reglamentos posteriores.

Quedan afectadas, de acuerdo con el texto, las administraciones públicas centrales y locales, los procesos de planificación territorial, los proyectos sujetos a evaluaciones ambientales y las actividades productivas que deban incorporar medidas de adaptación y mitigación. Como proyecto de ley, las medidas descritas son propuestas normativas que estarán vigentes únicamente si la Asamblea Legislativa aprueba el texto y se completa el trámite constitucional; por ahora el documento registra el estado de iniciativa parlamentaria pendiente de decisión.