Proyecto 25460: Reforma para que la Administración Tributaria pueda exigir información financiera

El proyecto propone modificar el artículo 106 ter del Código de Normas y Procedimientos Tributarios para definir cómo la Administración Tributaria puede exigir información financiera de entidades que realizan actividades financieras, con el fin de usar esos datos en sus actividades de control. El proyecto está pendiente de aprobación.

El texto obliga a las "entidades financieras y cualquier otra entidad" que realice algún tipo de actividad financiera a suministrar a la Administración Tributaria "toda la información de sus clientes que sea previsiblemente pertinente para efectos tributarios". Esto significa que, además de bancos, quedan incluidas otras empresas que realicen operaciones financieras aunque no estén formalmente catalogadas como bancos; las empresas obligadas deben entregar la información de sus clientes que la Administración considere relevante para el control tributario.

El proyecto establece dos formas concretas de requerimiento. Para los requerimientos individualizados (pedido caso por caso) las entidades deberán responder en un plazo no mayor de diez días hábiles y esos pedidos deben ser firmados por el director general de Tributación. En la práctica, esto fija un plazo breve para entregar la información solicitada y exige que la solicitud tenga la firma de la máxima autoridad administrativa en materia tributaria.

Además, la reforma autoriza a la Administración Tributaria a establecer requerimientos automáticos y periódicos no individualizados: podrá definir, mediante resolución general, el tiempo y la forma en que las entidades deberán remitir información financiera de forma automática y periódica. Es decir, además de pedidos puntuales, la Administración podrá crear obligaciones regulares de envío de datos y fijar formatos y plazos por norma interna.

Para la ejecución de estas facultades el proyecto especifica que no será necesaria autorización judicial ni la autorización prevista en el artículo 615 del Código de Comercio. Esto quiere decir que, cuando actúe con las herramientas que el proyecto autoriza, la Administración podrá exigir la información sin acudir previamente a un juez ni a la autorización comercial mencionada.

El texto también regula consecuencias y manejo de los datos. Si una entidad incumple, se aplicará una multa pecuniaria equivalente al 2% de la cifra de ingresos brutos del sujeto infractor en el período del impuesto sobre las utilidades anterior a la infracción, con un mínimo de diez salarios base y un máximo de cien salarios base. Toda la información recabada deberá ser manejada de manera confidencial, en los términos que indica el código tributario.

El proyecto dispone que la norma rige a partir de su publicación. El expediente es el número 25460; la presentación en la Asamblea Legislativa figura el 2026-03-24 y la publicación en La Gaceta aparece el 2026-04-10 (Gaceta N.º 65). Los proponentes registrados son Sofía Alejandra Guillén Pérez; Priscilla Vindas Salazar; Johnatan Jesús Acuña Soto; Antonio José Ortega Gutiérrez; Andrés Ariel Robles Barrantes; y Rocío Alfaro Molina. El proyecto está pendiente de aprobación.