Proyecto 25455: Proyecto propone regular la muerte digna de pacientes en estado terminal

El proyecto propone permitir y regular la “muerte digna” y la atención final sin dolor para personas en estado terminal o con enfermedades crónicas, degenerativas e irreversibles de alto impacto, mediante derechos y procedimientos que fijan obligaciones del Estado, responsabilidades de los equipos médicos y reglas de protección legal para los profesionales. El proyecto está pendiente de aprobación.

El proyecto aplica a las personas con enfermedades en fase terminal o con enfermedades crónicas, degenerativas e irreversibles de alto impacto en la calidad de vida y con un pronóstico de vida menor de seis meses. El texto define expresamente quién debe considerarse paciente en estado terminal: una persona diagnosticada por un médico experto con una condición progresiva e irreversible que indica un pronóstico fatal próximo.

Obligación estatal de brindar cuidados paliativos y sedación paliativa para garantizar calidad de vida; derecho del paciente (o de sus familiares cercanos cuando el paciente no pueda decidir) a desistir voluntariamente de tratamientos o de máquinas que prolonguen la vida; derecho a recibir información médica sobre diagnóstico, pronóstico y alternativas; derecho a un segundo diagnóstico; y el derecho del paciente en estado terminal a suscribir un “testamento vital” o manifestación de voluntad anticipada simple ante dos testigos. También regula la participación activa del paciente en las decisiones terapéuticas.

Establece que si el paciente menor de catorce años requiere cuidados paliativos, la decisión corresponde a sus padres o adultos responsables; si es un adolescente menor de 18 años deberá ser consultado. Para adultos inconscientes o en coma, la toma de decisiones correspondería al cónyuge y a los hijos mayores, y a falta de éstos, a los padres u otros familiares cercanos según el orden que fija el articulado.

Para la supervisión y revisión de casos y procedimientos, el proyecto crea una Comisión Honoraria de Revisión. Esa comisión estará integrada por representantes del Ministerio de Salud, del Colegio de Médicos, de la Universidad de Costa Rica, de la Caja Costarricense de Seguro Social y de la Defensoría de los Habitantes; presidida por el representante del Ministerio de Salud, deberá revisar procedimientos y emitir un informe anual al Ministerio.

Añade un párrafo al artículo que regula el “homicidio por piedad” para establecer que “No es punible la muerte por motivos de piedad, realizada por el médico tratante, de conformidad con lo establecido en la ley.” Esto crea una excepción legal aplicable cuando el acto se haga conforme a los procedimientos que establece la futura norma.

Obliga al Ministerio de Salud a reglamentar la ley en un plazo de seis meses contados desde su publicación y prevé que la Comisión Honoraria de Revisión se constituya tras su reglamentación (el articulado prevé plazos para la conformación y funcionamiento de la comisión). Los textos asignan al Estado la obligación de brindar los cuidados y servicios detallados, y encargan al Ministerio la regulación técnica y administrativa.

El expediente es el número 25455; la iniciativa fue presentada en la Asamblea Legislativa el 2026-03-19 y publicada (Gaceta) el 2026-04-06; los proponentes incluidos en el expediente son Danny Vargas Serrano y otros diputados y diputadas que figuran en la presentación. Está pendiente de aprobación en el trámite legislativo y, hasta que no sea sancionada y reglamentada, las disposiciones propuestas no tienen efecto obligatorio.