Proyecto 25441: Ley para garantizar la responsabilidad de las manifestaciones emitidas por redes sociales

El proyecto propone crear tipos penales y reglas procesales para responsabilizar penalmente a quienes difundan ofensas al honor por redes sociales, correos electrónicos masivos u otros medios de difusión masiva, y establece penas y un procedimiento rápido para verificar las pruebas que sostengan esas imputaciones. El texto está presentado como proyecto de ley ordinario por el diputado Gilberto Arnoldo Campos Cruz y, por tanto, está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

El cambio concreto que propone es añadir al Código Penal un artículo (identificado en el proyecto como 155 bis) que castiga las «ofensas contra el honor» cuando se cometan por medio de redes sociales o correos electrónicos remitidos en forma masiva o por otros medios de difusión masiva. En la redacción del proyecto dicha conducta se sanciona, en su forma básica, con pena de prisión de seis meses a dos años. El mismo artículo eleva la pena cuando la finalidad del autor o de los partícipes sea influir públicamente para evitar el nombramiento o la elección de una persona a un cargo público, en cuyo caso la pena propuesta es de dos a cuatro años de prisión. El proyecto también prevé una pena mayor —tres a ocho años de prisión— si las ofensas se difunden a cambio de la promesa o el pago de dinero u otro beneficio patrimonial.

En el plano procesal el proyecto propone modificaciones para que estas conductas se tramiten con prioridad y con medidas específicas. Se reforma el inciso c) del artículo 18 del Código Procesal Penal para incluir expresamente las «ofensas al honor agravadas» entre las materias señaladas. Además, el proyecto crea una figura procesal llamada «jactancia» (artículo 281 bis) para los casos en que una persona, en redes o medios masivos, afirme públicamente tener pruebas sobre la comisión de delitos por parte de otra: el Ministerio Público, de oficio o por denuncia, debe citar sin dilación a quien se jacte; si esa persona no comparece en veinticuatro horas, la policía debe presentarla; y se le concede un plazo no mayor de diez días para aportar las pruebas que afirma poseer, las cuales serán valoradas por el Ministerio Público para decidir si abre investigación contra el señalado.

El proyecto plantea que la investigación del delito de ofensas al honor agravadas sea «de acción pública a instancia privada», es decir, que la persecución penal la inicie el Ministerio Público tras la denuncia de la parte interesada y no automáticamente por oficio en todos los casos. El texto explica que esa vía busca equilibrar la desventaja que pueden tener las personas frente a «influencers» con audiencias muy amplias en redes sociales.

Otra decisión práctica incluida es que la presentación de la denuncia interrumpa el plazo de prescripción de la acción penal para estos hechos. El argumento que recoge el proyecto es que la víctima puede tardar en reaccionar ante la difusión masiva y que, si no se interrumpe la prescripción, el plazo podría vencerse mientras la víctima decide si denunciar, con lo que el daño quedaría sin sanción.

Dice que las redes sociales y otros medios masivos han ampliado el alcance y la gravedad de las ofensas al honor respecto de la época en que se redactó el Código Penal vigente, y que la iniciativa no persigue «silenciar a nadie» sino dotar de herramientas para proteger la honra frente a difusiones masivas. Esos párrafos son exposiciones de motivos y no constituyen efectos jurídicos por sí mismos.

El proyecto indica que, si se aprueba, la ley «rige a partir de su publicación». Mientras tanto el texto conserva la naturaleza de proyecto de ley ordinario presentado el 2026-03-10 por el diputado Gilberto Arnoldo Campos Cruz y publicado en la Gaceta el 2026-04-06; hasta su aprobación por la Asamblea no produce los efectos que describe.