Proyecto 25437: Proyecto que propone cambiar el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS: ampliar certificados y efectos sobre transferencias y registros por morosidad

El proyecto propone reformar el artículo 74 de la ley constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para ampliar las consecuencias jurídicas de la morosidad y dar a la CCSS herramientas para evitar que deudores dispongan, transmitan o graven bienes mientras existen procedimientos de cobro. La iniciativa busca que las consecuencias aplicables por adeudos cubran actos de disposición y gravamen de bienes tanto para personas jurídicas como en las fases de morosidad administrativa o cobro judicial.

El cambio afectaría a la CCSS como institución acreedora y a quienes le adeuden cuotas u obligaciones: entidades públicas, personas jurídicas, trabajadores independientes y personas físicas que registren deudas con la Caja. El proyecto parte de que la morosidad es un problema creciente que ha aumentado la deuda de la institución y reduce su capacidad de financiamiento, con cifras que la exposición de motivos cita para describir el problema y justificar la reforma.

En la práctica, el texto propone que la CCSS pueda emitir una certificación administrativa sobre la existencia de deudas y que esa certificación se extienda en plazos cortos y sin cargos fiscales: la Caja debe emitirla dentro de veinticuatro horas hábiles desde la solicitud, en forma digital o en papel común, y la certificación estará "libre de cargas fiscales, timbres e impuestos de cualquier clase". Esa certificación operaría como el instrumento que activa efectos frente a terceros y registros.

Para personas jurídicas, el proyecto establece consecuencias concretas sobre la inscripción de documentos en registros públicos (por ejemplo el Registro Nacional y otros registros de asociaciones y organizaciones) de manera que la existencia de la certificación afecte la posibilidad de inscribir actos que impliquen transmisión o gravamen de bienes, con las excepciones expresas que señale la norma (como documentos expedidos por autoridades judiciales, según el articulado).

Actualmente el artículo 74, según la exposición, "limita la aplicación... únicamente a personas jurídicas a actos registrales específicos (mercantiles)" y además "no contempla la fase de cobro administrativo o judicial" como contexto para operar esas restricciones. Esos vacíos permitirían maniobras de transferencia de bienes antes de que se consolide un cobro, lo que dificulta la ejecución y recuperación de los créditos de la CCSS.

Menciona que el Estado dejó de pagar una mayor proporción de cobros de la CCSS entre 2008 y 2023, que la deuda supera cifras de la magnitud de los miles de millones de colones y que los intereses y las fallas en embargos generan pérdidas que afectan la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social.

La reforma se plantea como un instrumento para fortalecer el cobro y la protección del crédito de la CCSS "sin tocar la autonomía de la CCSS" y pretende dotar a la institución de herramientas legales para cumplir eficientemente sus funciones bajo el mandato constitucional. Es decir, el proyecto busca modificar el alcance de efectos registrales y de certificación, pero afirma respetar la autonomía institucional.

El articulado establece que la reforma "rige a partir de su publicación". El documento es un proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa (registro de presentación y trámites figura en el expediente) y por tanto está pendiente de aprobación por los órganos legislativos competentes. Los proponentes incluyen a la diputada Luz Mary Alpízar Loaiza y otros legisladores que firmaron y presentaron el expediente en marzo de 2026.

El proyecto, en su redacción, define qué podrá hacer la CCSS (emitir certificaciones rápidas y sin costo fiscal que produzcan efectos frente a registros y terceros), a quiénes alcanzaría (tanto personas jurídicas como situaciones de cobro administrativo o judicial) y dice expresamente que su objetivo es mejorar la recuperación de deudas sin afectar la autonomía de la institución; queda pendiente que el Plenario y las comisiones aprueben o modifiquen el texto antes de convertirse en ley.