Proyecto 25429: Incluir métodos anticonceptivos en la Canasta Básica Tributaria para reducir barreras económicas al acceso

El proyecto propone incorporar los métodos anticonceptivos como bienes esenciales preventivos dentro de la Canasta Básica Tributaria por el Bienestar Integral de las Familias (CBTBIF), con el objetivo de reducir barreras económicas de acceso y fortalecer el derecho a la salud sexual y reproductiva. Esta proposición está formulada como un proyecto de ley y está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

El texto señala que la medida busca que los métodos anticonceptivos reciban el mismo tratamiento fiscal diferenciado que ya se aplicó a los productos de higiene menstrual, para así disminuir costos para personas y hogares con limitaciones económicas. En la práctica eso implicaría que el Ministerio de Hacienda, en coordinación con el MEIC y el Ministerio de Salud, emita las resoluciones y disposiciones técnicas necesarias para aplicar la tarifa reducida del impuesto sobre el valor agregado (IVA) a los métodos incluidos. El proyecto explicita que la implementación seguirá el “modelo aplicado para los productos de higiene menstrual”.

Serán los reconocidos por la autoridad sanitaria competente destinados a prevenir el embarazo de forma segura y basada en evidencia. Enumera, de manera enunciativa y no limitativa, como mínimo: condón masculino y femenino; anticonceptivos hormonales orales e inyectables; implantes subdérmicos; dispositivos intrauterinos (DIU) y sistemas intrauterinos; anticoncepción de emergencia; parche anticonceptivo transdérmico; y anillo vaginal. Además permite que la autoridad sanitaria actualice o amplíe la lista con base en criterios técnicos.

La ejecución práctica de la ley exigirá coordinación obligatoria y permanente entre el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y el Ministerio de Hacienda. Estas instituciones deberán, entre otras acciones, definir y armonizar la clasificación técnica y comercial de los métodos, adecuar normas tributarias y aduaneras mediante resoluciones de alcance general, establecer mecanismos de trazabilidad y control para evitar elusión o evasión, articular estrategias de información pública y realizar seguimiento y evaluación interinstitucional de la aplicación.

Enfoque de derechos humanos y no discriminación; igualdad y equidad de género; corresponsabilidad sexual y reproductiva; e información veraz, científica y accesible. Estos principios se proponen como guía para las medidas administrativas y para garantizar acceso sin distinción por sexo, edad, condición socioeconómica, ubicación geográfica u otras condiciones personales o sociales.

Respecto a plazos, el Poder Ejecutivo tendría un plazo máximo de seis meses contados desde la publicación de la ley para reglamentarla. Además, como disposición transitoria, el Ministerio de Hacienda debe emitir la resolución de alcance general y el anexo técnico con las partidas, subpartidas o códigos aplicables dentro de los tres meses posteriores a la entrada en vigencia de la ley; la implementación tributaria se hará replicando el mecanismo usado para los productos de higiene menstrual.

Presenta la inclusión como una forma de reducir embarazos no planificados, deserción educativa y reproducción intergeneracional de la pobreza, y cita evidencia internacional sobre la costo-efectividad de la planificación familiar y el ahorro futuro en gasto público. La propuesta pone énfasis en que no impone decisiones reproductivas sino que garantiza condiciones materiales para decisiones libres, informadas y responsables.

Queda claro que, si se aprobara, el resultado práctico sería una reducción fiscal aplicada a los métodos anticonceptivos listados y potencialmente otros reconocidos por la autoridad sanitaria, ejecutada mediante resoluciones administrativas; mientras tanto, la iniciativa es una propuesta sometida a debate legislativo y depende de su aprobación y de los actos administrativos posteriores para producir efectos concretos.