Proyecto 25408: Ley para la promoción de tecnologías digitales emergentes para el desarrollo

El proyecto propone regular y promover el uso y aprovechamiento de las llamadas tecnologías digitales emergentes —por ejemplo Blockchain, inteligencia artificial y todo lo relativo a la Web 3.0 y 4.0— para que el país pueda utilizar las aplicaciones de esas tecnologías en el fomento del desarrollo humano, la competitividad y el bienestar social. El texto establece el objeto de la norma, define términos técnicos, fija responsabilidades institucionales, declara objetivos de desarrollo, crea obligaciones para empresas y les otorga acceso a incentivos existentes. El proyecto está identificado como expediente 25408, fue presentado el 2026-02-16 y publicado el 2026-03-04; según el expediente, su “vencimiento cuatrienal” es 2030-02-16 y el texto indica que la ley “rige a partir de su publicación”.

El proyecto asigna como órgano competente al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt). Ese ministerio queda facultado para regular, supervisar, reglamentar y vigilar la promoción, regulación e implementación de estas tecnologías en los sectores público y privado. En la práctica esto significa que el Micitt diseñará las reglas, estándares y controles que rijan plataformas, proveedores y activos digitales, y coordinará con otras autoridades cuando sea necesario (por ejemplo, para la materia financiera y de estabilidad del sistema).

La Promotora Costarricense de Innovación e Investigación (la "Promotora") tendrá un papel de apoyo y ejecución: el proyecto dice que la Promotora contribuirá en la ejecución de las políticas públicas que promuevan el uso y aprovechamiento de las tecnologías emergentes, y que las empresas de base tecnológica emergente podrán acceder a incentivos, contratos y fondos administrados por esa entidad. En la práctica, empresas que desarrollen estas tecnologías en el país podrán aspirar a los beneficios e instrumentos ya previstos por la normativa vigente y gestionados por la Promotora.

Crear centros regionales e internacionales de servicios asociados a estas tecnologías, promover la inversión extranjera y la concienciación pública, impulsar la educación técnica y profesional en estas áreas, y regular la red de activos digitales y los proveedores de servicios para dotar de seguridad jurídica a usuarios y generadores. Estas metas funcionan como guía de políticas: el proyecto obliga a promoverlas, aunque su cumplimiento efectivo dependerá de las normas y planes que el Micitt y otras entidades adopten.

El proyecto incorpora definiciones para delimitar qué se entiende por Web 3.0 y Web 4.0, Blockchain, inteligencia artificial, tokens y activos digitales. En la práctica esas definiciones sirven para precisar qué tipos de tecnologías, servicios y empresas quedan cubiertos por la ley y, por tanto, por las obligaciones, facultades y beneficios que ésta establece. También prevé que el Micitt desarrolle regulaciones, clasifique tipos de activos digitales, supervise plataformas y coordine con el Banco Central en asuntos relacionados con operaciones financieras y protección del sistema.

Por ejemplo, llevar los libros y registros contables sobre las operaciones financieras propias de su giro y proporcionar a clientes los formularios de cumplimiento y la política de conocimiento del cliente (KYC) que exija la normativa. Además las empresas de base tecnológica digital emergente “serán acreedoras de los incentivos y beneficios” previstos en las leyes aplicables, lo que implica acceso a programas, fondos y contratos según los criterios que determinen la Promotora y el Micitt.

Faculta a las autoridades a monitorear operaciones y a imponer controles para evitar que estas tecnologías se utilicen en detrimento de la transparencia o para actividades prohibidas (por ejemplo, delitos asociados a estupefacientes, lavado de activos o financiamiento del terrorismo). También faculta al Micitt para dictar reglas de supervisión, control y sanciones administrativas relacionadas con activos digitales.

El expediente 25408 fue presentado por varios diputados el 2026-02-16 y publicado el 2026-03-04; la iniciativa está en trámite parlamentario y, hasta que no sea aprobada y publicada como ley, sus disposiciones son propuestas. El propio texto señala que la ley “rige a partir de su publicación”, por lo que sus efectos quedarían vigentes desde la fecha de su publicación oficial una vez aprobada.

Si se aprueba, la ley dará al Micitt la capacidad de regular y supervisar plataformas y activos digitales, promoverá incentivos para empresas que desarrollen tecnologías emergentes en Costa Rica, exigirá registros contables y medidas de cumplimiento a las empresas del sector, y establecerá reglas para coordinar con autoridades financieras y prevenir usos ilícitos. El alcance concreto, requisitos administrativos, incentivos específicos y sanciones dependerán de los reglamentos y normas que el Micitt y la Promotora emitan después de la aprobación del proyecto.