Proyecto 25398: Proyecto que crea el Fondo de Ahorro por Consumo (FAC) para convertir parte del consumo en ahorro previsional individual

El proyecto propone crear el Fondo de Ahorro por Consumo (FAC) como un mecanismo permanente y obligatorio de ahorro individual, de naturaleza previsional y social, para que parte del consumo de bienes y servicios se convierta en ahorro para la vejez. Este ahorro pertenecerá de forma exclusiva al afiliado, será inembargable y tendrá destino exclusivamente previsional. El proyecto está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa y su reglamentación dependerá del Poder Ejecutivo una vez publicada la ley.

Establece dos aportes concurrentes ligados al consumo. Primero, un aporte obligatorio equivalente al uno coma cinco por ciento (1,5 %) aplicado sobre el valor de las compras de bienes y servicios realizadas dentro del territorio nacional, que se acreditará directamente en la cuenta individual del consumidor. Segundo, el traslado de un uno coma cinco por ciento (1,5 %) del Impuesto al Valor Agregado (IVA) ya existente hacia el FAC. El texto afirma explícitamente que esto “no implica aumento de la tasa del IVA” ni la creación de un nuevo tributo y que esos recursos tendrán “destino exclusivo previsional individualizado”.

El 1,5 % de ahorro obligatorio y el 1,5 % trasladado del IVA. Cuando la transacción permita identificar al consumidor, ambos montos se acreditan a su cuenta de capitalización individual. Si no es posible identificar al consumidor, los recursos quedan en una cuenta transitoria bajo custodia del sistema de operadoras de pensiones y supervisión de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN); si dentro del plazo reglamentario no se logra identificar al titular, esos recursos se destinarán al Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Los recursos del FAC serán recaudados por el Ministerio de Hacienda mediante los sistemas existentes (señala que se utilizará la recaudación del IVA y la factura electrónica) y transferidos periódicamente al Sistema Centralizado de Recaudación para su identificación y posterior acreditación en cuentas individuales. Cada persona afiliada tendrá una cuenta de capitalización individual a nombre suyo en la operadora de pensiones complementarias que elija; si no elige operadora, inicialmente los recursos serán administrados por la operadora vinculada a la CCSS hasta que el titular los traslade.

El primer intervalo va desde la incorporación del afiliado al sistema hasta el cumplimiento de la edad legal de pensión, periodo en el que se acumulan y capitalizan los aportes; el segundo intervalo va desde la edad legal de pensión hasta los ochenta (80) años, durante el cual la persona podrá utilizar los recursos de manera programada (renta programada, retiros parciales, pago único o combinaciones) y, en cualquier caso, los recursos deberán entregarse a más tardar cuando la persona cumpla los ochenta (80) años. Además, el texto establece que la entrega se realizará “a partir de la edad legal de pensión y hasta la edad promedio de defunción de la población total” del año anterior al que la persona se pensiona, aunque aclara que ese parámetro actuarial no constituye un límite al derecho del beneficiario.

Las personas menores de edad pueden ser titulares de cuentas del FAC si sus consumos están identificados mediante su número de identificación; las personas extranjeras no residentes pueden solicitar la devolución del monto equivalente al IVA destinado al FAC dentro de un plazo máximo de un año, y si no lo hacen esos recursos pasarán al Régimen No Contributivo; las personas jurídicas no pueden ser titulares de cuentas individuales, sus contribuciones se destinan al Régimen No Contributivo de la CCSS, aunque pueden solicitar devolución en el mismo plazo de un año o voluntariamente donar esos montos.

La administración y supervisión recae en operadoras de pensiones complementarias autorizadas y en la SUPEN, que deberá supervisar diversificación, solvencia, gestión prudente, reporte a afiliados y aplicar sanciones cuando corresponda. El texto señala que los recursos serán administrados por las operadoras bajo supervisión de la SUPEN y que el Ministerio de Hacienda garantizará la información necesaria (identificación del titular, montos recaudados y operadora) para el funcionamiento del sistema.

El proyecto incluye proyecciones y ejemplos numéricos que ilustran cómo operarían aportes y rendimientos en distintos escenarios salariales: por ejemplo, asume una retención propuesta de 1,5 % del IVA y cálculos de acumulación con rendimientos reales del 3 % y 5 % en horizontes de capitalización de décadas; presenta escenarios donde un salario de ₡600.000 mensuales produciría un aporte total mensual estimado de ₡8.644 y un fondo proyectado a la edad de 65 años de ₡11.470.000 con 3 % anual, y otros ejemplos para salarios de ₡1.000.000 y ₡1.800.000. Estas cifras son proyecciones del propio proyecto y no resultados realizados ni garantías de rendimiento.

El proyecto dispone que el Poder Ejecutivo reglamentará la ley en un plazo no mayor a seis meses contados a partir de su publicación, que los recursos del FAC no se integrarán al Presupuesto Nacional y que la ley rige a partir de su publicación. En varios pasajes el texto vincula la implementación con la infraestructura tecnológica de factura electrónica y medios de pago digitales y plantea que el esquema no aumentará la carga fiscal general, describiéndolo como una reasignación parcial del IVA y un aporte adicional obligatorio sobre el consumo, ambos con destino exclusivo a las cuentas individuales del FAC. Este proyecto está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa y su entrada en vigencia, modalidades concretas de identificación de consumidores, plazos reglamentarios y detalles operativos dependerán de la aprobación final y de la reglamentación posterior.