Proyecto 25383: Proyecto que propone aprobar la Convención de La Haya (2019) sobre reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en materia civil o comercial

El proyecto propone aprobar en la Asamblea Legislativa la "Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Sentencias Extranjeras en Materia Civil o Comercial" (instrumento de La Haya, firmado el 2 de julio de 2019). Ese tratado establece normas comunes para que una sentencia civil o comercial dictada en un Estado contratante pueda ser reconocida y ejecutada en otro Estado contratante. La propuesta es la incorporación al ordenamiento interno de ese texto internacional y está pendiente de aprobación legislativa.

La Convención regula específicamente el reconocimiento y la ejecución de sentencias en materia civil o comercial. Su alcance se define en el artículo 1: se aplicará al reconocimiento y a la ejecución de sentencias en materia civil o comercial, y su texto que se incorpora es el firmado en La Haya el 2 de julio de 2019. Esto significa que la norma pretende crear un régimen común aplicable cuando la sentencia provenga de un tribunal de otro Estado que sea parte del tratado.

El tratado excluye muchas materias que no quedan cubiertas por la regla general. El artículo 2 enumera materias que quedan fuera, entre ellas: estado y capacidad de las personas físicas, obligaciones alimenticias, la mayoría de asuntos de derecho de familia (como regímenes matrimoniales), testamentos y sucesiones, insolvencia y procedimientos análogos, transporte, responsabilidad por daños nucleares, propiedad intelectual, y otras materias sectoriales. Esas exclusiones determinan qué tipos de sentencias no podrán tratarse por el mecanismo de la Convención.

La Convención introduce reglas sobre cuándo una sentencia extranjera debe ser reconocida o ejecutada y qué condiciones se requieren. Según el capítulo de reconocimiento y ejecución, una sentencia dictada por un tribunal de un Estado contratante "será reconocida y ejecutada" en otro Estado contratante conforme a lo dispuesto en ese capítulo; y el artículo 5 señala condiciones por las cuales una sentencia puede ser susceptible de reconocimiento y ejecución (por ejemplo, conexión del demandado con el Estado de origen, que la demanda derive de actividades desarrolladas allí, aceptación de competencia, etc.). En la práctica, el tribunal del Estado requerido verificará que se cumpla alguna de las condiciones previstas.

La Convención también fija causas tasadas por las que se puede denegar el reconocimiento o la ejecución. El artículo 7 establece motivos como fallas de notificación que impidieron preparar la defensa, sentencia obtenida con fraude, incompatibilidad manifiesta con el orden público del Estado requerido, conflictos con otras sentencias entre las mismas partes, o incompatibilidades con decisiones previas válidas en el Estado requerido. Para pedir reconocimiento o ejecución, el solicitante debe acompañar documentos concretos (por ejemplo, una copia certificada de la sentencia) y, en principio, no se podrá exigir una garantía o depósito por ser extranjero, salvo lo que autorice la Convención o la legislación interna. Es importante señalar que Costa Rica, al firmar el instrumento el 16 de septiembre de 2021, formuló una declaración sobre el artículo 14: comunicó que no aplicará el párrafo 1 de ese artículo, lo que en la exposición se explica como que los órganos judiciales costarricenses "no estarán impedidos para requerir una garantía o caución" cuando la legislación interna lo contemple.

La Convención establece que entrará en vigor según plazos y notificaciones previstas en sus artículos de entrada en vigor; por ejemplo, indica que "entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración del período durante el cual puede presentarse una notificación..." y tiene disposiciones transitorias sobre su aplicación para demandas presentadas cuando la Convención ya surtía efectos entre los Estados de origen y requerido. En otras palabras, su aplicación depende de la fecha en que los Estados concreten su adhesión y de las notificaciones que se hagan al depositario del tratado.

El expediente en la Asamblea es el 25383 y la iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo. La presentación registrada es del 26 de enero de 2026 y el proyecto fue publicado el 6 de febrero de 2026; desde entonces ha seguido el trámite legislativo con asignaciones a comisiones y votaciones internas previstas. Al cierre de este documento, el texto propuesto todavía requiere la aprobación final de la Asamblea Legislativa para que la convención pueda ser adoptada por Costa Rica y surtir los efectos internos que describe la propia Convención. Pendientes quedan los pasos formales de aprobación, cualquier reserva o modificación parlamentaria y la posterior notificación al depositario internacional para que el tratado produzca efectos entre Estados conforme a sus reglas propias.