Proyecto de ley 25380: Ley para el fomento integral del bambú y su industrialización sostenible

El proyecto propone declarar de interés público y nacional la producción, comercialización, investigación, industrialización y uso sostenible del bambú, y crear un marco legal que promueva su cultivo y industria para vivienda social, alimentos y productos biodegradables y maderables. El articulado inicial (Artículo 1) señala que el objeto es precisamente impulsar el desarrollo integral del bambú como recurso estratégico, bajo criterios de sostenibilidad ambiental, innovación productiva y beneficio social.

La norma aplicaría a todas las personas físicas y jurídicas que realicen actividades de producción, industrialización, comercialización o investigación del bambú dentro del territorio nacional. El texto (Artículo 2) define ese ámbito de aplicación y por tanto señala quiénes pueden acogerse a lo regulado por la ley: quienes desarrollen esas actividades en Costa Rica, siempre que cumplan la normativa aplicable.

Propone fomentar la investigación y la innovación mediante la creación de un Centro Nacional de Bambú que almacene y difunda germoplasma, además de incentivar la inversión público‑privada, articular cadenas de valor (desde vivero hasta consumidor) y promover el uso del bambú como sustituto de materiales contaminantes en sectores como construcción, embalaje, muebles, papel, textiles y plásticos. Esos objetivos aparecen en los puntos que el propio proyecto enumera como metas del instrumento.

El proyecto habilita acceso a incentivos y beneficios para las actividades amparadas, señalando ejemplos concretos: exoneraciones parciales o totales de impuestos de importación para maquinaria, equipo e insumos; incentivos fiscales indirectos y deducciones permitidas por la legislación tributaria; y acceso prioritario a líneas de crédito verde y programas de financiamiento de la banca pública y del Sistema de Banca para el Desarrollo. Estos apoyos se ofrecen conforme a los requisitos y procedimientos aplicables.

Esos incentivos están condicionados. El texto establece que solo se otorgarán a proyectos con un plan de manejo técnico aprobado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG); dichos planes deben elaborarse con base en lineamientos técnicos del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA) y serán reglamentados por el Poder Ejecutivo. Además, las solicitudes de exoneraciones y beneficios fiscales deben tramitarse ante las autoridades competentes (MAG y Ministerio de Hacienda) y serán evaluadas según la normativa vigente.

La rectoría del sector (quién coordina y dirige las políticas públicas sobre bambú) la asigna el proyecto al MAG, a través del INTA. Al INTA se le encargan funciones prácticas: recolectar, caracterizar y conservar material genético de bambú; desarrollar programas de mejoramiento genético y adaptación varietal; proveer material vegetativo certificado a los productores; realizar investigación básica y aplicada para toda la cadena productiva; e impulsar programas de extensión y transferencia de conocimiento sobre manejo y aprovechamiento.

Para facilitar financiamiento, el proyecto autoriza a los bancos públicos y al Sistema de Banca para el Desarrollo a crear líneas de crédito verde preferenciales, garantías y esquemas de financiamiento para proyectos productivos basados en bambú. También autoriza al Fondo de Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (FODEMIPYME) y a otros fondos públicos a financiar proyectos vinculados con cultivo tecnificado, industrialización e innovación en bambú.

En compras públicas y preferencia administrativa, las instituciones del Estado deberán procurar incluir en sus adquisiciones productos elaborados a partir de bambú que cumplan requisitos técnicos; el proyecto da prioridad a bienes provistos por cooperativas, asociaciones de desarrollo integral y Mipymes registradas, con el objetivo de favorecer la demanda interna del sector.

El Poder Ejecutivo debe emitir el reglamento de la ley en un plazo máximo de seis meses desde su publicación; y, para la trazabilidad y seguimiento, el Ejecutivo, por medio del MAG, establecerá los mecanismos necesarios que deberán implementarse en un plazo máximo de un año a partir de la publicación de la ley. Estas disposiciones organizan cuándo y cómo se harán operativas las reglas.

Los beneficios están sujetos a requisitos técnicos y administrativos (planes aprobados por MAG, evaluación por autoridades competentes), su ámbito está limitado al territorio nacional y las herramientas de apoyo (créditos, exoneraciones, financiamiento público) requieren trámites previos y serán reguladas. Está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.