Proyecto 25379: Ley contra la manipulación de la opinión pública y la voluntad popular (ley antitroll)

El proyecto propone crear una ley para prevenir, regular y sancionar el uso de estructuras digitales coordinadas —por ejemplo cuentas falsas, automatizadas o pagadas— que manipulen artificialmente la opinión pública y la voluntad popular. El texto busca definir esas conductas, prohibirlas, imponer sanciones penales y establecer responsabilidades de investigación y transparencia; el proyecto está pendiente de aprobación.

La ley afectaría a cualquier persona física o jurídica que utilice troles, granjas de troles, cuentas automatizadas o estrategias organizadas para influir en la conversación pública, en la reputación de terceros o en resultados electorales. En la práctica esto significa que empresas, organizaciones y también individuos organizados con recursos tecnológicos quedarían dentro del alcance cuando sus acciones persigan manipular la opinión pública.

El proyecto introduce definiciones concretas para precisar qué conducta queda cubierta. Entre ellas figura la definición de “troll” como persona o cuenta falsa que, de forma deliberada y reiterada y con apoyo de automatización o inteligencia artificial, difunde contenidos falsos, engañosos o provocadores; también incluye definiciones de “granja de trolls”, “manipulación digital de la opinión pública”, “manipulación digital coordinada” y de “cuenta o red automatizada no declarada (bot)”. Estas definiciones delimitan qué herramientas y comportamientos serán objeto de la norma.

Queda prohibido crear, administrar, contratar, participar, financiar o coordinar redes de cuentas falsas o automatizadas para manipular la opinión o la voluntad popular; usar cuentas falsas o automatizadas para simular apoyo ciudadano o influir engañosamente en procesos políticos; difundir masiva y deliberadamente desinformación con conocimiento de su falsedad cuando afecte interés público o procesos electorales; simular apoyo ciudadano mediante mecanismos digitales engañosos; ocultar dolosamente el origen o financiamiento de campañas digitales; interferir maliciosamente en procesos electorales, plebiscitos o consultas populares; emplear bots no declarados para manipular la conversación digital; y realizar acoso digital masivo que afecte reputaciones. Estas conductas, tal como están escritas en el articulado, serían ilícitas.

En cuanto a las sanciones, el proyecto propone penas de prisión para quienes incurran en las prohibiciones: prisión de cuatro a ocho años para los delitos descritos y una pena agravada de seis a doce años si concurre alguna circunstancia agravante. El texto menciona como agravantes, entre otras, que el hecho lo cometa un funcionario público en ejercicio, que se permita la participación o financiamiento de personas extranjeras en el proceso electoral nacional, o que los responsables formen parte de una estructura u organización criminal que utilice estos mecanismos.

Sobre investigación y obligaciones de transparencia, el proyecto señala que la investigación y persecución penal corresponderán al Ministerio Público. Además establece obligaciones para los “operadores digitales”: deberán informar al Tribunal Supremo de Elecciones cuando utilicen automatización en sus estrategias, especificando la naturaleza y los efectos de esa automatización. En la práctica esto crea un deber de reportar el uso de tecnologías automatizadas en campañas o estrategias que puedan incidir en la opinión pública.

El proyecto incorpora medidas de prevención y excepciones. Previene acciones de educación y alfabetización digital (por ejemplo responsabilidades del Ministerio de Educación Pública en programas educativos) como parte de la prevención, y al mismo tiempo aclara que no será delito el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, la crítica política, la sátira, la parodia, la actividad periodística ética ni la manifestación individual de opiniones, siempre que no formen parte de una acción dolosa, sistemática y organizada de manipulación. Es decir, la crítica o la sátira individuales quedaría fuera de la penalización si no forman parte de campañas organizadas de manipulación.

En la práctica, si la ley se aprueba y se publica, entraría en vigor desde su publicación y se aplicaría a actividades descritas en el articulado; en el expediente este proyecto figura con número 25379, fecha de inicio 2026-01-21 y fecha de publicación 2026-02-06; el expediente registra además un “vencimiento cuatrienal: 2030-01-21”. No es posible, a partir del texto, conocer detalles operativos como presupuestos, plazos técnicos para los reportes al Tribunal Supremo de Elecciones o protocolos precisos de inspección; esos aspectos operativos no se describen en las secciones citadas y por tanto no pueden afirmarse aquí.

Su contenido y efectos son propuestas que requieren el trámite legislativo para convertirse en norma. El proyecto establece conductas prohibidas, definiciones, penas y obligaciones de investigación y transparencia tal como se indicó arriba, pero permanece pendiente de aprobación por los órganos legislativos correspondientes.