Proyecto 25376: Proyecto que modifica el régimen disciplinario del Colegio de Contadores: cambios a los artículos 24, 28 y 32 de la Ley 1038

El proyecto propone modificar los artículos 24, 28 y 32 de la Ley N°1038 (Ley de creación del Colegio de Contadores Públicos, 19 de agosto de 1947) para trasladar y reorganizar la competencia disciplinaria dentro del Colegio, con la creación de una Fiscalía interna responsable de tramitar los procedimientos disciplinarios y con cambios en las funciones del Tribunal de Honor y de la Junta Directiva. El proyecto está pendiente de aprobación.

El proyecto incorpora un inciso (q) al artículo 24 para darle a la Junta Directiva la facultad expresa de aprobar el reglamento del procedimiento disciplinario, con la exigencia de respetar "los principios constitucionales del debido proceso". Eso significa que, según el texto propuesto, corresponde a la Junta Directiva elaborar y dejar formalmente vigente el reglamento que describa cómo se tramitan las investigaciones y sanciones dentro del Colegio.

En el artículo 28 el proyecto crea y define una Fiscalía dentro del Colegio, coordinada por el Fiscal, cuya función será conocer y tramitar los procedimientos disciplinarios derivados de denuncias o de oficio y relacionados con el incumplimiento de la Ley 1038, su Reglamento, el Código de Ética y demás disposiciones del Colegio. El texto establece además que la Fiscalía será el órgano director en todos los procedimientos disciplinarios y que el Fiscal podrá nombrar un colaborador del departamento de Fiscalía que fungirá como miembro instructor, es decir, como quien desarrolla las pesquisas y el trámite inicial del expediente.

Sobre el procedimiento operativo, el proyecto dispone que la Junta Directiva es la encargada de ordenar a la Fiscalía la apertura del procedimiento disciplinario, con la obligación de garantizar el debido proceso para "buscar la verdad real de los hechos". El Fiscal deberá rendir un informe final de recomendación sobre el resultado del procedimiento para que la Junta Directiva emita el acto final; esa recomendación del Fiscal "tendrá carácter no vinculante, y la Junta Directiva podrá apartarse de su contenido siempre que medie una justificación debidamente fundamentada". En la práctica eso deja a la Fiscalía la investigación y la propuesta técnica, y a la Junta Directiva la decisión administrativa final.

Quedaría compuesto por tres miembros nombrados por la asamblea general por tres años; su responsabilidad, según el proyecto, será conciliar los casos de conflictos ocurridos entre colegiados cuando la Junta Directiva así lo encargue. El proyecto también explícita la incompatibilidad de ser miembro del Tribunal con cualquier otro cargo del Colegio y señala que el procedimiento de conciliación deberá aprobarlo la Junta Directiva y publicarse en el Diario Oficial La Gaceta. Con esto, el Tribunal se define principalmente como órgano de conciliación en los asuntos que la Junta le encomiende.

El proyecto incluye una disposición transitoria que establece que "los expedientes disciplinarios que se encuentren en trámite por el Tribunal de Honor al momento de la entrada en vigor de la presente Ley, continuarán su trámite con ese tribunal hasta su resolución final". Además, el texto fija su vigencia: "Rige a partir de un año contado desde su publicación en el Diario Oficial La Gaceta." Es decir, si el proyecto se aprueba y se publica, empezará a aplicarse un año después de esa publicación.

Según la exposición de motivos que acompaña el proyecto, la iniciativa busca trasladar la competencia disciplinaria a una Fiscalía especializada para atender de manera técnica y ética los procesos, y reducir el número de integrantes del Tribunal de Honor con el objetivo de lograr eficiencia en su actuación. Esas son las razones que el propio proyecto expresa para proponer los cambios, pero no constituyen efectos ya alcanzados: son los motivos que justifican la reforma en el texto presentado ante la Asamblea Legislativa (expediente 25376).