Proyecto de Ley 25371: Ley marco de inmunidades y privilegios diplomáticos, consulares y de organismos internacionales

El proyecto propone crear una ley marco que regule de manera general las inmunidades, privilegios, exenciones y facilidades que se conceden a Estados extranjeros, misiones diplomáticas y consulares, organismos internacionales y sus representantes y familiares en Costa Rica. La norma busca establecer el alcance y aplicación de esas inmunidades y privilegios, precisando a quiénes se aplican y las condiciones, límites y excepciones que los acompañan. Según el propio texto, la finalidad es “establecer el marco general que regulará el alcance y aplicación de las inmunidades, privilegios y facilidades/cortesías concedidas…”, por lo que se presenta como una ley de ordenamiento y unificación de la normativa vigente en la materia. Está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa y fue presentado por el Poder Ejecutivo con el expediente número 25371; su trámite inició el 14 de enero de 2026 y se publicó el 28 de enero de 2026.

Incluye a los Estados extranjeros y sus jefes o autoridades que visiten el país; misiones diplomáticas, oficinas consulares y organismos internacionales asentados en Costa Rica, así como sus bienes, representantes y dependientes; misiones permanentes u otros representantes intergubernamentales; cortes internacionales; fuerzas armadas visitantes; conferencias internacionales que se realicen en el país; y otros organismos de derecho internacional. Es decir, la regulación abarca tanto la inmunidad personal y funcional de personas (jefes de misión, funcionarios, personal técnico y de servicio) como la inviolabilidad de locales, archivos, documentos, medios de comunicación y bienes vinculados a esas representaciones.

Encarga al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto la concesión, determinación, recomendación y control de las inmunidades y privilegios diplomáticos, mientras que el Ministerio de Hacienda interviene en la autorización de beneficios tributarios asociados (por ejemplo, exoneraciones) previa comprobación de requisitos. Además establece que el principio de reciprocidad internacional deberá ser aplicado y verificado por la Cancillería para fijar el tratamiento a las representaciones y sus funcionarios según lo que esos Estados otorguen a misiones y agentes costarricenses en su territorio.

Establece que un Estado extranjero no podrá invocar la inmunidad de jurisdicción cuando haya consentido expresamente someterse a jurisdicción costarricense (por acuerdo internacional, contrato escrito o declaración ante el tribunal), y describe supuestos en que la inmunidad queda tácitamente oponible. Asimismo fija excepciones claras: por ejemplo, un Estado no podrá invocar inmunidad en procesos relativos a transacciones mercantiles, salvo en casos limitados pactados por las partes. El proyecto por tanto distingue entre inmunidad absoluta en ciertos actos oficiales y límites para actos comerciales o privativos.

Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y Ministros de Relaciones Exteriores gozarán de inviolabilidad personal y de inmunidad de jurisdicción y ejecución en Costa Rica durante la duración de su mandato y en viajes oficiales o privados. La norma también regula la continuidad parcial de inmunidad después del mandato, en los términos del derecho internacional, e indica reglas sobre renuncia expresa a la inmunidad cuando corresponda.

Respecto a las sedes y archivos, la ley declara la inviolabilidad de locales de misiones diplomáticas, oficinas consulares y organismos internacionales, así como de sus archivos, enseres y correspondencia. La comunicación y la valija diplomática estarán protegidas: no podrán ser abiertas ni retenidas por autoridades nacionales, y el correo diplomático deberá llevar un documento oficial que acredite su condición; la legislación establece procedimientos de inspección y reglas especiales cuando proceda.

Las misiones, organismos internacionales y oficinas consulares podrán importar bienes de uso oficial con exención fiscal y aduanera, y las misiones diplomáticas, organismos internacionales y oficinas consulares estarán exentas de impuestos directos e indirectos nacionales y municipales en los términos que el articulado enumera. También regula importación y transferencia de vehículos con placas diplomáticas, concesión de placas para funcionarios, obligaciones de póliza de seguros y reglas para la venta o traspaso de vehículos acogidos a exoneraciones. Tales beneficios se condicionan a trámites y autorizaciones de la Cancillería y, en lo fiscal, a la verificación por el Ministerio de Hacienda.

Señala que las organizaciones gozan de inmunidad respecto de actuaciones vinculadas al cumplimiento de sus funciones, salvo que exista un acuerdo internacional aplicable o mecanismos alternativos de resolución que permitan excepciones. También define condiciones para que funcionarios de organismos internacionales (funcionarios internacionales, expertos, personal de servicio) gocen de inmunidades y exenciones, sujetas a la normativa internacional aplicable y a lo que disponga la propia ley.

Prevé que, cuando un Estado o una organización incurra en abuso de inmunidad, el gobierno podrá plantear la cuestión, y establece la posibilidad de someter ciertos asuntos a un tribunal arbitral; el texto describe la composición del tribunal arbitral en caso de controversias en que se alegue abuso de privilegios o inmunidad. Además obliga a los organismos internacionales a establecer mecanismos alternos de solución de controversias y encomienda la reglamentación a poder ejecutivo dentro de un plazo indicado.

El proyecto está presentado como un cuerpo normativo amplio que armoniza normas internacionales y nacionales sobre inmunidades y privilegios diplomáticos, consulares y de organismos internacionales, con reglas concretas sobre alcance, límites, excepciones, autoridades responsables, controles, exoneraciones fiscales y procedimientos de verificación y resolución de conflictos. Queda pendiente su discusión y aprobación en la Asamblea Legislativa; sus plazos y trámites iniciales constan en el expediente número 25371, con presentación y recepción en enero de 2026 y publicación el 28 de enero de 2026.

El texto del proyecto contiene numerosos artículos con definiciones, excepciones y procedimientos detallados (por ejemplo sobre categorías de personal, límites en contratación laboral, compensaciones por daños, inmunidades de buques y aeronaves de Estado, facilidades en emergencias, identificación diplomática, autorizaciones de trabajo para dependientes, y disposiciones finales y de reglamentación). La explicación anterior se limita a los elementos esenciales y condiciones materiales que el propio articulado y la exposición de motivos del proyecto destacan como decisivos para su aplicación; la ley, de aprobarse, establearía con precisión los requisitos y procedimientos administrativos que deben seguirse.