Proyecto 25367 “Papagayo en equilibrio”: hacer que el Proyecto Turístico Golfo de Papagayo sea exclusivamente turístico y reforzar controles ambientales y de transparencia

El proyecto propone reformar las leyes N.° 6758 y N.° 6370 para declarar que el Proyecto Turístico Golfo de Papagayo (PTGP) es un proyecto de interés público orientado exclusivamente al desarrollo turístico sostenible y que está sujeto a la Constitución, al artículo 50 y a la normativa ambiental vigente, incluida la Ley Forestal N.° 7575, con sus principios de prevención, precaución y no regresión. Esta iniciativa está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

Obliga a que concesiones, planes maestros, planes de desarrollo, reglamentos y autorizaciones tengan un “destino turístico comprobable” y prohíbe autorizar, directa o indirectamente, la transformación hacia proyectos de uso predominantemente residencial, habitacional o de segunda vivienda, salvo los componentes estrictamente necesarios para la operación turística (por ejemplo, alojamiento temporal turístico). Esto implica que autoridades como el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) deberán interpretar solicitudes favoreciendo la protección del patrimonio natural y el derecho a un ambiente sano.

El proyecto endurece las reglas para otorgar y controlar concesiones sobre las tierras del PTGP. La Junta Directiva del ICT solo podrá conceder usos para fines turísticos conforme al Plan Maestro y a la capacidad de carga ecológica; cada otorgamiento debe motivarse en interés público con criterios verificables, incluir análisis de impacto acumulativo y sinérgico respecto del conjunto del PTGP, publicarse con términos esenciales y registrarse en un Registro de Concesiones que identifique beneficiario final, cánones y obligaciones ambientales. Además, prohíbe usar concesiones para eludir las salvaguardas de la Ley Forestal cuando existan terrenos con cobertura boscosa o áreas de protección.

Las concesiones se declaran, en general, intransferibles (naturaleza intuitu personae) y solo podrán autorizarse cesiones o transferencias en forma excepcional si hay autorización previa, expresa y motivada del ICT; se acredita la continuidad del fin turístico y la capacidad técnica y financiera del cesionario; se mantienen o refuerzan obligaciones ambientales y sociales; y se realiza consulta pública cuando corresponda por impacto. El arrendamiento solo podrá autorizarse como instrumento operativo y temporal para explotación turística con autorización previa del ICT, inscripción en el Registro de Concesiones, identificación del beneficiario final y responsabilidad solidaria del concesionario original en materia ambiental, laboral y tributaria. Se prohíben cesiones sucesivas especulativas y el subarrendamiento que transfiera de hecho el control sin la evaluación pública exigida, y el incumplimiento puede ser causal de caducidad de la concesión.

El proyecto introduce límites para evitar la “agregación” de concesiones que aumente la presión ambiental: prohíbe unir o integrar dos o más concesiones cuando su efecto individual o acumulado incremente densidades, huella de construcción, ocupación de suelo o demanda hídrica por encima de lo previsto en el Plan Maestro o la viabilidad ambiental. El PTGP deberá evaluarse como unidad funcional integral y ninguna autoridad podrá autorizar actos que, considerados en conjunto, generen impactos acumulativos o sinérgicos no evaluados. Integraciones operativas solo en casos excepcionales, con evaluación técnica independiente y participación de la autoridad ambiental; rige el principio precautorio y actos contrarios serán nulos de pleno derecho.

Cuando una intervención implique afectación de terreno con cobertura boscosa o áreas de protección, la Administración deberá exigir como requisito material un Análisis Costo–Beneficio Socioambiental con metodología, datos y supuestos verificables que demuestre que los beneficios sociales superan los costos socioambientales, según el estándar de la Ley Forestal N.° 7575. Esto se exige sin perjuicio de los procedimientos ambientales y forestales ordinarios y de la eventual necesidad de declaratoria de conveniencia nacional cuando corresponda legalmente.

Para aumentar la transparencia y el control ciudadano, el ICT deberá mantener un portal público actualizado del PTGP con, como mínimo, el Plan Maestro vigente y sus modificaciones; listado de concesiones con localización, área, uso autorizado, cánones, plazos y estado de cumplimiento; cesiones y arrendamientos autorizados con términos esenciales y beneficiario final; viabilidades ambientales y medidas de mitigación; e informes de cumplimiento ambiental y social. Además, las concesiones vigentes conservarán efectos solo en la medida en que hayan sido otorgadas y ejecutadas conforme al ordenamiento jurídico aplicable, sin que la ley convalide actos ilegales o contrarios al Patrimonio Natural del Estado.

El Poder Ejecutivo y el ICT adaptarán los reglamentos del PTGP en un plazo máximo de seis meses; el Plan Maestro deberá actualizarse en doce meses; el ICT deberá revisar en doce meses el cumplimiento de todas las concesiones vigentes y publicar un informe público con énfasis en finalidad turística, arrendamientos y cesiones inscritas, cumplimiento de obligaciones ambientales y trazabilidad del beneficiario final; y los arrendamientos existentes deberán inscribirse y adecuarse en seis meses, siendo la falta de adecuación un incumplimiento esencial. La propuesta rige a partir de su publicación si se aprueba.

Las medidas de control previstas incluyen la posibilidad de caducidad de concesiones por incumplimiento y la nulidad de actos administrativos contrarios a las nuevas reglas. Estas disposiciones buscan reforzar la rectoría estatal, la finalidad turística, la protección ambiental y la transparencia, pero deben entenderse como propuestas legislativas pendientes de aprobación por la Asamblea Legislativa y sujetas a lo que decida el proceso legislativo.