Proyecto 25356: Reforma del Capítulo XV de la Ley de Personal de la Asamblea Legislativa para regular y reconocer a los empleados de confianza

El proyecto propone reformar el Capítulo XV de la Ley de Personal de la Asamblea Legislativa (Ley N° 4556 del 29 de abril de 1970) para establecer con mayor precisión las reglas sobre los empleados de confianza de la Asamblea, su régimen salarial, perfiles, nombramientos, remociones y disposiciones transitorias. Está pendiente de aprobación por parte de la Asamblea Legislativa.

El texto define expresamente quiénes son empleados de confianza y qué plazas forman parte de ese régimen. Entre los puestos que el proyecto incluye como empleados de confianza aparecen el Secretario Particular del Presidente de la Asamblea, los empleados de los diputados y diputadas y los empleados de las fracciones políticas; el articulado reorganiza el capítulo que regula a estas personas y declara que a esos empleos no les serán aplicables las reglas del artículo 143 del Código de Trabajo (es decir, los trata como vínculos especiales de confianza política más que como empleos sujetos a la regla general del Código de Trabajo). Estas definiciones y exclusiones forman parte del articulado propuesto.

El proyecto establece un régimen salarial diferenciado para los empleados de confianza relacionados con las funciones constitucionales exclusivas y excluyentes del Primer Poder de la República y fija que el Directorio Legislativo deberá determinar incentivos y escalas salariales. El articulado dispone que las plazas de asesores especializados tendrán requisitos mínimos (por ejemplo, grado de licenciatura en algunos casos y vinculación con especialidades como derecho, ciencias políticas, comunicación o economía) y que la experiencia legislativa podrá ser reconocida salarialmente de forma gradual cada cinco años, con incentivos fijados por el Directorio Legislativo.

En materia de contratación y plazas, el proyecto concede a cada diputado el derecho a contratar tres asesores especializados profesionales conforme a los perfiles y condiciones del capítulo; además contempla otras plazas (dos asesores profesionales o no profesionales y un asistente técnico) cuyos perfiles serán establecidos por el Directorio Legislativo. El texto obliga al Director Administrativo a mantener actualizadas las descripciones de funciones y categorías salariales de las plazas de confianza.

Sobre remociones y disciplina, el proyecto establece que las remociones de empleados de confianza serán acordadas por el Directorio de la Asamblea con reglas concretas: por ejemplo, la remoción del Secretario Particular del Presidente se hará a solicitud de éste; las remociones de empleados de fracción se harán por recomendación y acuerdo de la respectiva fracción; y si existe causal prevista en el reglamento o en el código aplicable deberá existir un informe justificativo del Director Administrativo. En los casos de remoción previstos expresamente, el proyecto dispone que deberá disponerse el pago de las prestaciones legales que correspondan según la legislación laboral en lo que proceda.

El proyecto incluye transitorios que imponen plazos y procedimientos para adaptar la estructura y los salarios existentes a la nueva regulación: por ejemplo, Transitorio I señala un plazo de tres meses, contados a partir de la vigencia de la ley, para que el Directorio Legislativo cree las plazas, fije remuneraciones y haga las modificaciones necesarias en puestos y perfiles; Transitorio II ordena que las valoraciones, análisis y modificaciones de puestos y salarios de empleados con contratos vigentes en plazas de asesores especializados y otras incluidas en los artículos 49 y 50 sean realizadas de oficio por los departamentos administrativos competentes y avaladas por el Directorio Legislativo dentro de tres meses desde la entrada en vigor, con reconocimiento salarial retroactivo cuando proceda.

El documento muestra salarios globales vigentes en el Poder Ejecutivo y en ministerios para puestos de confianza (por ejemplo, en un cuadro figura “CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO 2.134.845”) y para puestos presidenciales (por ejemplo, “CONSEJERO PRESIDENCIAL ESPECIALIZADO 2.140.924”); también incluye montos específicos para asesores especializados en la Asamblea: “El salario global del puesto de Asesor/a especializado/a B-R asciende a la suma de ¢1.377.336” y “El salario global del puesto de Asesor/a especializado/a A-R asciende a la suma de ¢1.324.638”. Esas cifras se presentan en la exposición de motivos como parámetros comparativos que justifican los cambios propuestos.

El articulado incorpora límites y condiciones sobre la designación, el ejercicio y los beneficios de estos puestos: por ejemplo, establece requisitos (título de licenciatura y, en algunos casos, incorporación a colegio profesional y acuerdo del Directorio Legislativo), fija que las plazas de asesores especializados estarán sujetas al pago de prohibición por la restricción para el ejercicio liberal de la profesión y regula derechos como la participación en concursos internos para acceder a plazas regulares tras más de dos años de servicio. Además impone obligaciones de descripción de funciones, medidas de seguridad y la obligación del Director Administrativo de mantener actualizada la información funcional y salarial.

En resumen, el proyecto propone un cambio normativo que ordena, clasifica y regula con más detalle las plazas de empleados de confianza en la Asamblea Legislativa: quiénes son, qué requisitos deben tener, cuántas plazas podrá contratar cada diputado, cómo se reconocerá la experiencia legislativa, cómo se regirán salarios y remociones, y plazos para que el Directorio adapte las plazas y remuneraciones. El texto que aquí se explica está pendiente de aprobación y para que se convierta en ley debe seguir el trámite legislativo correspondiente.