Incorporar el Análisis Beneficio Costo (ABC) en el presupuesto y en empréstitos públicos (Proyecto de Ley 25346)

El proyecto propone obligar a que el Análisis Beneficio Costo (ABC) sea un requisito técnico en la formulación del Presupuesto del Poder Ejecutivo y en todos los procesos de adquisición de empréstitos públicos, utilizando las metodologías vigentes de MIDEPLAN. Esta obligación busca mejorar la eficiencia del gasto, la transparencia y la rendición de cuentas, y se plantea mediante la creación de reglas y procedimientos que las instituciones deben seguir antes de presentar expedientes al Congreso.

El proyecto será de aplicación obligatoria, según su articulado, al Presupuesto Ordinario de la República; a todo proyecto de empréstito público, cualquiera sea su fuente de financiamiento; y a las reformas presupuestarias extraordinarias que representen una carga económica superior al uno por ciento (1%) del Producto Interno Bruto (PIB) o que impliquen modificaciones sustantivas en la asignación de recursos. Estas situaciones deben articularse con los análisis técnico-financieros del Ministerio de Hacienda y con MIDEPLAN conforme a sus competencias.

Todo presupuesto y todo proyecto de empréstito deberá contar con un informe de Análisis Beneficio Costo (ABC) elaborado por la institución que propone el gasto, programa, proyecto o empréstito, conforme a las metodologías vigentes y a la naturaleza de la intervención. Ese informe debe ser revisado y validado técnicamente por la Unidad de Evaluación de Impacto Presupuestario (UEIP) y el informe ABC validado deberá remitirse a la Asamblea Legislativa junto con el expediente respectivo como requisito previo de acompañamiento.

Los informes de ABC deberán contener, de manera proporcional a la magnitud de la intervención, elementos mínimos que incluyen: la definición del problema público, los objetivos del gasto o del empréstito, el análisis de alternativas, la estimación de costos y beneficios esperados (cuantitativos y cualitativos), el análisis de impactos en grupos vulnerables, la evaluación del alineamiento con el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública y otros acuerdos internacionales cuando corresponda, la identificación de riesgos fiscales y los indicadores de seguimiento y evaluación.

Se crea la Unidad de Evaluación de Impacto Presupuestario (UEIP) adscrita a MIDEPLAN, con autonomía técnica para coordinar, validar y emitir dictámenes técnicos sobre los ABC que acompañen proyectos presupuestarios y de empréstito público. La UEIP estará integrada por profesionales especializados y deberá implementar programas de capacitación para fortalecer las capacidades técnicas del sector público en la elaboración y uso de ABC. Además, MIDEPLAN, por medio de la UEIP, debe presentar anualmente ante la Asamblea Legislativa y la Contraloría un informe sobre la aplicación del ABC en presupuestos y empréstitos, incluyendo resultados y recomendaciones.

La Contraloría General de la República podrá fiscalizar ex post la aplicación y la calidad de los informes de ABC y formular recomendaciones no vinculantes para mejorar los procedimientos y la transparencia, pero el texto establece explícitamente que la Contraloría "en ningún caso" participará en la formulación, aprobación o validación previa de dichos informes, sin perjuicio de sus competencias constitucionales.

El ABC pasaría a formar parte integral del ciclo presupuestario establecido en la Ley N.º 8131: el Ministerio de Hacienda debe incluir un resumen ejecutivo del ABC validado por la UEIP en la exposición de motivos que acompaña el Proyecto de Presupuesto Ordinario y Extraordinario y los proyectos de empréstito. El proyecto indica que la Asamblea Legislativa no iniciará el conocimiento de proyectos de presupuesto o de empréstito mientras no se cumpla este requisito técnico del expediente.

El proyecto modifica varios artículos de la Ley N.º 8131 para integrar el ABC como herramienta técnica obligatoria en la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto público y en operaciones de endeudamiento interno o externo del sector público. Entre los cambios previstos está exigir que los ABC incluyan la valoración expresa del alineamiento con el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública.

En materia de implementación, el Poder Ejecutivo tendría un plazo de doce meses, a partir de la publicación de la ley si se aprueba, para dictarla mediante reglamento. Para poner en marcha las obligaciones y la UEIP, el Ejecutivo debe gestionar, según la disponibilidad presupuestaria, los recursos financieros, humanos, tecnológicos y de cooperación técnica necesarios; y MIDEPLAN podrá suscribir convenios para fortalecer la capacidad técnica de la UEIP y desarrollar las metodologías nacionales de ABC.

Este documento es un proyecto de ley que todavía está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa; fue presentado como Proyecto de Ley 25346 y se somete a consideración del Plenario Legislativo.