Proyecto que propone regular a los proveedores de servicios de activos virtuales y añadir obligaciones antilavado a la Ley 7786 (Exp. 25340)

El proyecto propone incorporar a los proveedores de servicios de activos virtuales dentro de la Ley 7786 y establecer obligaciones, supervisión y sanciones específicas para prevenir la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo. El expediente es el 25340 y la iniciativa está pendiente de aprobación.

El proyecto define qué se entiende por activo virtual y por proveedor de servicios de activos virtuales, y aplica la regulación a cualquier persona física o jurídica que realice, como negocio, actividades como intercambio entre activos virtuales y monedas de curso legal, transferencias de activos virtuales, custodia o administración de activos virtuales y servicios financieros relacionados con su comercialización. Estas definiciones determinan quién queda afectado por las nuevas obligaciones.

El texto incorpora un artículo (Artículo 15 quater) que detalla obligaciones que deben cumplir esos proveedores: identificación y debida diligencia de clientes y beneficiarios finales; mantenimiento y disponibilidad de registros y transacciones; controles sobre personas políticamente expuestas; atención a riesgos de nuevos productos y tecnologías; controles en transferencias de activos virtuales; y reglas sobre delegación de la debida diligencia a terceros. La norma exige además la inscripción de los proveedores ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), que ejercerá la supervisión en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Sobre supervisión, autorizaciones y registros, el proyecto aclara que la inscripción ante la Superintendencia no constituye una autorización de operación. La Sugef deberá mantener un registro centralizado y único de los proveedores; la norma prevé que la Superintendencia establezca medidas de supervisión, cobros razonables para el mantenimiento de la plataforma de registro y la posibilidad de aplicar sanciones administrativas por incumplimientos. La regulación se aplicará con enfoque basado en riesgos y podrá coordinar intercambio de información con supervisores nacionales y extranjeros.

Los sujetos obligados deberán reportar operaciones sospechosas de forma confidencial e inmediata a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). También prevé mecanismos de congelamiento e inmovilización de activos, cuando correspondan listados y designaciones internacionales (listas del Consejo de Seguridad de la ONU y otros), estableciendo plazos y procedimientos para que el Ministerio Público solicite al juez las medidas y para que las autoridades ejecuten congelamientos o inmovilizaciones en plazos cortos.

Se incluyen multas que se expresan por porcentajes y en salarios base, así como sanciones específicas cuando no se inscriban, no mantengan registros, no apliquen debida diligencia o se nieguen a entregar información requerida a la Sugef o a la UIF. Además, los recursos provenientes de las multas deberán ser depositados en una cuenta especial a nombre del Instituto Costarricense sobre Drogas y destinados a programas vinculados al cumplimiento de la regulación. Está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.