Proyecto 25338: Reforma para introducir el principio “No es No” en el delito de violación (reforma artículo 156 y adición de 156 bis)

El proyecto propone reformar el artículo 156 del Código Penal (Ley n.º 4573) y adicionar un artículo 156 bis para introducir el principio “No es No” como eje del delito de violación y otros delitos sexuales; la iniciativa está registrada en la Asamblea Legislativa bajo el expediente 25338 y fue presentada el 09-12-2025, por diputadas promotoras. Esta propuesta es un proyecto de ley y, por tanto, aún está pendiente de aprobación y seguirá el trámite legislativo antes de convertirse en norma vigente.

El proyecto propone que el consentimiento sexual sea el elemento central que determina la ilicitud de un acto sexual y agrega una definición legal clara de consentimiento en un nuevo artículo 156 bis. El texto del artículo 156 bis que se propone dice que “se entenderá por consentimiento sexual la manifestación libre, previa, informada, específica y revocable de la voluntad de participar en una determinada actividad sexual.” Con esa definición la intención del proyecto es centrar el tipo penal en la ausencia de consentimiento y no exclusivamente en la existencia de fuerza física o resistencia de la víctima.

El proyecto modifica el artículo 156 para tipificar y sancionar la violación en términos concretos, incluyendo supuestos como cuando la víctima sea menor de dieciocho años, cuando la víctima esté incapacitada para resistir o manifestar consentimiento por razones de inconsciencia, sueño, shock, parálisis, intoxicación u otras circunstancias, cuando se use violencia corporal o intimidación, y cuando la víctima haya manifestado negativa verbal o no verbal y el agente, a pesar de ello, continúe o ejecute el acto. El articulado propuesto también señala la pena prevista para el delito en esos casos.

El proyecto establece obligaciones concretas para autoridades e instituciones. Entre otras medidas contiene un artículo de capacitación obligatoria que obliga al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Ministerio de Seguridad Pública, al Organismo de Investigación Judicial, al INAMU, al PANI, a la Defensa Pública y al personal médico y de salud pública y privada a implementar programas permanentes de formación sobre estándares internacionales, el contenido de los artículos 156 y 156 bis y técnicas de atención sin revictimización, manejo de evidencia digital y protección de datos sensibles. Además, el texto incorpora un artículo que orienta a las autoridades a actuar con perspectiva de género, a evitar prácticas que revictimizan y a valorar pruebas digitales, aunque el detalle operativo corresponde al articulado y al reglamento.

El proyecto incluye medidas de prevención y comunicación que mandatan campañas nacionales bajo el lema “No es No”, dirigidas a centros educativos, plataformas digitales y programas para familias y docentes, así como disposiciones sobre coordinación interinstitucional y valoración de pruebas digitales. En materia de presupuesto dispone que la implementación se realizará en primera instancia con recursos existentes, pero que el Poder Ejecutivo deberá considerar en los proyectos de ley de presupuesto ordinario y extraordinario la asignación de recursos específicos para campañas “No es No”, programas de capacitación obligatoria y el fortalecimiento de unidades especializadas en investigación y atención de delitos sexuales, en particular aquellos cometidos contra personas menores de dieciocho años.

Dispone que, en un plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigencia de la ley, el Poder Ejecutivo deberá emitir el reglamento respectivo para su cumplimiento, y establece que la norma “rige a partir de su publicación”. Estas son condiciones formales que marcan cuándo deben empezar a funcionar las medidas y que la aplicación dependerá de la aprobación legislativa y de la posterior publicación y regulación.

En resumen, si se aprobara el proyecto, cambiaría el estándar penal aplicable en casos de violación en Costa Rica para centrarlo en la ausencia de consentimiento definido legalmente, reforzaría la protección de menores de dieciocho años frente a relaciones con adultos, impondría capacitaciones obligatorias a diversas instituciones públicas, mandataría campañas públicas y requeriría la regulación por parte del Poder Ejecutivo en un plazo de seis meses desde la entrada en vigencia. Estas descripciones explican lo que el texto propone; como proyecto de ley, sus efectos dependerán de su aprobación y de la implementación posterior por las autoridades competentes.