Proyecto de ley 25331: creación de un Fondo de Capital Semilla (FOCASE) con recursos de JUDESUR para mujeres rurales, indígenas y pesqueras de la zona sur-sur

El proyecto propone destinar un porcentaje de los recursos del superávit específico acumulado cada año de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) para crear un Fondo de Capital Semilla, denominado FOCASE, que entregue fondos no reembolsables a mujeres rurales, indígenas y pesqueras de la zona sur-sur de Costa Rica. Este proyecto de ley está todavía pendiente de aprobación.

Mujeres rurales que realicen o deseen realizar actividades de producción agrícola, agroindustrial o de seguridad alimentaria; mujeres indígenas pertenecientes a territorios reconocidos por el Estado que presenten proyectos productivos sostenibles y culturalmente pertinentes; y mujeres pesqueras y recolectoras de moluscos vinculadas a la pesca artesanal o a la transformación y comercialización de productos del mar. Esas categorías son las que el texto utiliza para fijar quiénes pueden acceder al fondo.

La fuente principal de financiamiento que propone el proyecto es un porcentaje fijo del superávit específico acumulado anual de JUDESUR: se autoriza a destinar un veinte por ciento (20%) de esos recursos, como fondos no reembolsables, a la creación y mantenimiento del Fondo de Capital Semilla para Mujeres Rurales, Indígenas y Pesqueras. Además, el proyecto autoriza que el fondo se nutra con aportes de cooperación internacional y organismos multilaterales, donaciones de entidades públicas o privadas y recursos de programas institucionales afines (por ejemplo recursos vinculados a INAMU, MAG, INCOPESCA o IMAS) si esas instituciones deciden aportar.

Para acceder al Fondo, las solicitantes (personas físicas mujeres o asociaciones de mujeres) deben cumplir requisitos concretos que fija el proyecto: presentar un plan de producción, emprendimiento o pesca artesanal con metas medibles y resultados verificables; acreditar residencia en alguno de los cantones bajo la jurisdicción de JUDESUR (Coto Brus, Buenos Aires, Osa, Corredores, Puerto Jiménez y Golfito); no tener procesos judiciales activos por incumplimiento de contratos públicos o rendición de cuentas; y, si no poseen tierra propia, contar con un acuerdo de uso, usufructo, arriendo o convenio comunal que permita ejecutar el proyecto. El proyecto establece también criterios de priorización: tendrán preferencia los proyectos que promuevan producción agroecológica o sostenible, que generen empleo femenino local, que contribuyan a la seguridad y soberanía alimentaria, y que sean presentados por asociaciones de mujeres, cooperativas u organizaciones legalmente constituidas.

La ejecución y el acompañamiento técnico del Fondo quedarían a cargo de JUDESUR, que podrá coordinar la ejecución de los recursos con instituciones públicas específicas: Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) para capacitación en gestión, liderazgo y equidad de género; Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para asistencia técnica agropecuaria y formulación de planes; Instituto de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) para apoyo en actividades pesqueras artesanales; e Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para articulación con programas de reducción de pobreza. El texto usa la palabra “podrá” para describir esa coordinación, lo que permite la coordinación pero no la impone como obligación automática.

Las personas físicas o jurídicas beneficiarias deberán rendir cuentas mediante informes semestrales ante JUDESUR; JUDESUR a su vez elaborará un informe anual de resultados que incluirá indicadores de productividad, seguridad alimentaria, empleo y equidad de género y que deberá remitirse a la Contraloría General de la República y a la Asamblea Legislativa. El incumplimiento de las obligaciones de rendición de cuentas puede generar la suspensión del financiamiento o la inhabilitación para futuros programas, según el propio texto.

En el expediente constan fechas del trámite (presentación el 2025-12-03 y publicación del proyecto el 2025-12-16, gaceta 236) y el expediente tiene un vencimiento cuatrienal señalado como 2029-12-03. Para la implementación operativa se establece que el Poder Ejecutivo, en coordinación con JUDESUR, deberá remitir el reglamento de la ley dentro de los seis meses posteriores a su promulgación. El texto dispone que la norma “rige a partir de su publicación”.

En la exposición de motivos aparecen cifras y razones que justifican la propuesta, por ejemplo la nota sobre desigualdad en la titularidad de fincas: del 100% de las fincas registradas en personas físicas, el 84,4 % está dirigido por hombres y sólo el 15,6 % por mujeres, y que las fincas lideradas por mujeres representan un 4,4% de la extensión total de hectáreas de fincas registradas. Esas cifras figuran en los considerandos como contexto para explicar por qué se propone crear el fondo, pero no constituyen una garantía de resultados; el proyecto presenta el fondo como un instrumento para promover la participación productiva, diversificar la oferta alimentaria y mejorar la resiliencia local ante shocks.

El proyecto contiene artículos que establecen el objetivo, las definiciones, la asignación presupuestaria del 20%, las fuentes complementarias de financiamiento, las beneficiarias, los requisitos de acceso, la priorización de proyectos, la ejecución con acompañamiento técnico, la rendición de cuentas, la reglamentación y la entrada en vigencia. El texto propuesto debe ser aprobado y reglamentado antes de que produzca efectos; hasta entonces se trata de una propuesta parlamentaria sujeta a trámite y a decisión de las instancias competentes.