Ciudad Libre: La Perla del Pacífico (Proyecto de ley 25323)

La Perla del Pacífico” mediante una reforma a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas para establecer un régimen transitorio de exoneración del impuesto al valor agregado (IVA) y otros beneficios fiscales, aplicable solo dentro del territorio autorizado. Está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

El proyecto cambia la norma para que las ventas, la prestación de servicios y la comercialización de determinados bienes y actividades que se realicen dentro del distrito central de Puntarenas queden fuera del impuesto al valor agregado según un régimen especial. En la práctica esto significa que ciertas operaciones realizadas dentro de la zona autorizada no pagarán IVA durante un periodo de cinco años con exoneraciones decrecientes: 100% durante los dos primeros años, 75% en el tercer año, 50% en el cuarto y 25% en el quinto año, según el esquema que fija la iniciativa.

Los beneficiarios serán los comercios y empresas que operen dentro del perímetro del distrito central de Puntarenas y que se registren y autoricen conforme al reglamento que dicte la administración competente. El proyecto establece que esos beneficios estarán disponibles únicamente para comerciantes y empresas "debidamente registradas y autorizadas" y que normalmente se orientan a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) que participen legalmente en el régimen especial.

La propuesta incluye una lista concreta y limitada de bienes, servicios y actividades que podrán gozar del tratamiento fiscal especial cuando se realicen dentro de la Ciudad Libre. Entre los ejemplos que enumera el articulado están productos deportivos y recreativos para actividades acuáticas (tablas de surf, chalecos salvavidas, aletas, etc.), embarcaciones y equipos conexos (kayaks, motos de agua, lanchas turísticas), servicios de alojamiento (hoteles, hostales, cabinas, resorts), servicios turísticos y recreativos, y la construcción, ampliación y mejora de infraestructura comercial y turística autorizada. Esos bienes y servicios deberán desarrollarse dentro del territorio declarado para recibir la exoneración.

Además del IVA, el proyecto contempla exoneraciones aplicables a la importación de bienes destinados a actividades turísticas dentro de la zona libre de impuestos, siempre que tales bienes se utilicen exclusivamente en el territorio autorizado y para los fines autorizados. Para aplicar y controlar esas exoneraciones el texto prevé que el Ministerio de Hacienda, en coordinación con la Dirección General de Aduanas, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), establezca mecanismos de control, certificación, fiscalización, verificación de destino y trazabilidad de los bienes importados.

Los bienes deben emplearse exclusivamente en la zona; las empresas deben inscribirse y cumplir los requisitos del reglamento; y la normativa fija consecuencias por incumplimiento, incluida la revocatoria del beneficio y la aplicación retroactiva de los tributos exonerados, además de las sanciones administrativas y penales correspondientes. El proyecto señala que el reglamento para aplicar este régimen será dictado por el Ministerio de Hacienda en coordinación con las entidades señaladas, en un plazo máximo de dos meses contado desde la publicación de la ley.

Como medidas complementarias, la iniciativa propone desarrollar una aplicación digital (APP) para potenciar el comercio local del distrito central de Puntarenas. La APP tendría funciones como visibilizar la oferta comercial, turística y gastronómica del territorio, facilitar la conexión entre consumidores, turistas y comercios beneficiarios, y generar datos útiles sobre consumo y flujo de visitantes que soporten la toma de decisiones.

Se limita al distrito central de Puntarenas y el régimen transitorio de exoneraciones es por cinco años con porcentajes decrecientes, tras lo cual las operaciones volverían al régimen impositivo general vigente. El expediente registrado en la Asamblea es el número 25323 y el trámite del proyecto, su publicación y el plazo de vigencia procesal aparecen consignados en el expediente. La iniciativa, por ahora, es una propuesta sometida al proceso legislativo y deberá aprobarse y reglamentarse para que sus beneficios y condiciones entren en vigor.