Proyecto para prevenir y sancionar la violencia digital contra las mujeres (Expediente 25322)

El proyecto propone crear una ley para prevenir, atender, proteger, investigar, sancionar y erradicar la violencia digital contra las mujeres por razones de género, y adicionar artículos al Código Penal y reformar otras leyes para tipificar conductas específicas en entornos digitales. Está pendiente de aprobación.

"Prevenir, atender, proteger, investigar, sancionar y erradicar la violencia digital y mediada por tecnologías informáticas contra las mujeres por razones de género, en los ámbitos público y privado." La ley define un marco amplio: reconoce el derecho de toda mujer a "vivir una vida libre de violencia en entornos digitales", garantizando su seguridad, privacidad, libertad de expresión, participación política y acceso a la justicia. También incluye definiciones técnicas como proveedor de servicios digitales, moderación de contenidos, sesgo algorítmico y otros términos para aplicar la norma en plataformas y servicios en línea.

El proyecto enumera las manifestaciones de violencia digital por razones de género que la ley busca abordar. Entre las conductas mencionadas están el acoso y hostigamiento digital (mensaje reiterado con contenido intimidatorio o sexual no consentido), la difusión de material íntimo sin consentimiento, la suplantación de identidad y la creación de perfiles falsos, la sextorsión, el doxing (difusión de datos personales), el uso de software espía y vigilancia no autorizada, campañas coordinadas (brigading) y ataques con bots o cuentas automatizadas. También considera la violencia simbólica y la desinformación que buscan desacreditar o silenciar a mujeres, especialmente a quienes participan en la vida pública.

Para proteger a las víctimas el proyecto prevé medidas judiciales y administrativas rápidas. Señala principios como la "debida diligencia reforzada" y la "celeridad y precaución: medidas urgentes (24–48 h) cuando exista riesgo de daño o revictimización, aun con evidencia preliminar." Las autoridades judiciales competentes —incluyendo juzgados de violencia, el Ministerio Público y, en coordinación, el INAMU— "podrán dictar medidas cautelares o de protección inmediata cuando existan indicios razonables de que una mujer está siendo víctima de violencia digital." Entre las órdenes que puede recibir un proveedor están la eliminación inmediata o bloqueo temporal de material y la suspensión de cuentas o accesos utilizados para agredir o difundir material ilícito.

El proyecto crea o integra instancias y responsabilidades institucionales. Establece una Unidad especializada en violencia digital y cibercrimen (UEVDC) cuyas funciones incluyen "investigar las denuncias interpuestas", coordinar acciones interinstitucionales para preservar evidencia digital y asegurar cooperación internacional cuando corresponda. También dispone la coordinación PRODHAB–Poder Judicial para protocolos sobre preservación y atención urgente de evidencia digital. Además encarga a INAMU, MICITT, Poder Judicial, Ministerio Público y Defensoría articular protocolos de atención y rutas de apoyo a víctimas con perspectiva de género.

Impone obligaciones y sanciones a proveedores de servicios digitales. Los proveedores deberán implementar mecanismos de denuncia accesibles y eficientes, moderación con perspectiva de género, notificación a la Unidad especializada ante sospecha de violencia digital y políticas de transparencia. En sanciones administrativas, el MICITT, coordinado con INAMU y la Defensoría, podrá imponer medidas que van desde advertencias formales hasta multas "entre diez (10) y doscientos (200) salarios base", auditorías externas, informes de transparencia públicos (incluyendo número de denuncias, tipo de violencia, tiempos de respuesta, medidas adoptadas y datos desagregados por género) y, en casos graves, suspensión temporal de funcionalidades comerciales.

El proyecto añade delitos y penas al Código Penal para conductas digitales agravadas. Se incorporan, entre otros, los siguientes tipos y penas: "Artículo 196 bis. Difusión no consentida de contenido íntimo (NCII) ... pena de prisión de uno (1) a cuatro (4) años." "Artículo 196 ter. Manipulación digital sexualizada (deepfake sexual) ... pena de prisión de dos (2) a seis (6) años." "Artículo 196 quater. Sextorsión digital ... pena de prisión de tres (3) a siete (7) años." "Artículo 196 quinquies. Doxing agravado ... pena de prisión de uno (1) a tres (3) años." Las penas y sus agravantes quedan establecidas en el articulado para tipificar la difusión, manipulación, extorsión y divulgación de datos con potencial de daño.

Obliga a actuar con "debida diligencia reforzada" para prevenir, investigar y reparar la violencia digital contra las mujeres; considera falta grave la omisión, la revictimización o la participación en conductas que vulneren a víctimas; y prevé sanciones administrativas o disciplinarias cuando corresponda. Asimismo incorpora procedimientos procesales con principios especiales para pruebas digitales, preservación de cadena de custodia y evitar la revictimización en audiencias.

Un procedimiento abreviado para desindexación, retiro y preservación probatoria en casos urgentes (por ejemplo durante procesos electorales) y un artículo 9 bis que habilita a la autoridad judicial a ordenar, "en un plazo de veinticuatro (24) a cuarenta y ocho (48) horas", medidas como desindexación, retiro temporal de publicaciones, bloqueo geográfico, preservación probatoria y otras medidas proporcionales cuando la situación lo requiera. También admite procesos de justicia restaurativa supervisados por el Poder Judicial cuando la naturaleza de los hechos y el consentimiento de la víctima lo permitan, sin sustituir medidas cautelares.

En resumen, la propuesta crea un marco legal integral que define la violencia digital de género, fija derechos de las mujeres en entornos digitales, obliga a instituciones y plataformas a actuar con prontitud y perspectiva de género, establece medidas judiciales urgentes y agrega delitos y sanciones específicas en el Código Penal. Está pendiente de aprobación: su entrada en vigor y la ejecución de sus medidas dependerán de su trámite legislativo y la posterior reglamentación para detalles operativos y presupuestarios.