Proyecto 25318: Ley para garantizar la transparencia y el acceso a la información de las sesiones del Consejo de Gobierno

El proyecto propone que las sesiones del Consejo de Gobierno sean públicas, que se transmitan en tiempo real y que sus grabaciones y archivos estén disponibles al público; está pendiente de aprobación. Según el expediente 25318, presentado por la diputada Katherine Andrea Moreira Brown (Fecha de inicio 2025-11-25; Fecha de publicación 2025-12-11), la iniciativa busca asegurar la publicidad de las decisiones de la máxima instancia colegiada del Poder Ejecutivo.

El proyecto cambia la práctica vigente al establecer que las sesiones del Consejo de Gobierno "serán públicas" y que deben "transmitirse en tiempo real, de forma ininterrumpida y gratuita" a través de los medios tecnológicos del Poder Ejecutivo, con el objetivo de garantizar "el acceso universal a la ciudadanía". En la práctica esto obliga al Poder Ejecutivo a organizar y emitir la transmisión en vivo de cada sesión y a permitir que cualquier persona pueda verla sin costo.

El proyecto mantiene excepciones para proteger información sensible, pero exige un procedimiento estricto. Solo se podrá declarar un receso o secreto por motivos específicos (por ejemplo seguridad nacional, relaciones exteriores que requieran confidencialidad, datos sensibles de personas y estrategias de defensa del Estado en procesos judiciales o arbitrales) y ese receso "podrá declararse únicamente por votación calificada de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros". Además se incluye un mecanismo de "reserva calificada" que exige una mayoría agravada para declarar secreto sobre un punto específico. La norma exige que esas decisiones sean motivadas, registradas y sujetas a revisión legal posterior.

El proyecto obliga a que la transmisión tenga calidad técnica adecuada y regula el tratamiento de las grabaciones: los "archivos de video y audio de las sesiones públicas" deben ser "almacenados, indexados y puestos a disposición del público de forma gratuita y permanente en el sitio web oficial del Poder Ejecutivo" en un plazo no mayor a "cinco días hábiles" después de celebrada la sesión. En la práctica esto implica responsabilidad operativa para garantizar almacenamiento, búsqueda y acceso público a las grabaciones.

Deberá emitir "el Reglamento de esta Ley en un plazo improrrogable de seis meses a partir de su publicación", definiendo los requisitos técnicos, logísticos y operativos. La ley, de ser aprobada, "rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta." Estos plazos condicionan cuándo empezarán a aplicarse las obligaciones operativas de transmisión y archivo.

El Consejo de Gobierno será la instancia cuyas sesiones deben publicarse; el Poder Ejecutivo debe organizar la transmisión, conservar y publicar los archivos; y la ciudadanía obtiene acceso público y gratuito a las grabaciones, salvo las excepciones precisas y sujetas a mayoría calificada y motivación. El proyecto está pendiente de aprobación en la Asamblea Legislativa y, hasta que no se publique como ley en La Gaceta, las obligaciones descritas no son legales ni exigibles.