Póliza estatal para cubrir defensa legal y responsabilidad patrimonial de policías (Proyecto 25311)

El proyecto propone añadir un inciso k) al artículo 79 de la Ley General de Policía para que el Estado suscriba una póliza destinada a cubrir la responsabilidad patrimonial y la representación legal de las personas funcionarias policiales cuando sean demandadas o denunciadas por actos realizados en el ejercicio del cargo. El cambio concreto que plantea es que el Estado contrate o suscriba esa póliza para asumir ciertos costos de defensa y responsabilidades civiles vinculadas al mismo proceso penal.

El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo y figura con el número de expediente 25311; inició su trámite el 2025-11-19 y fue publicado el 2025-12-09. La iniciativa está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa y sigue el trámite ordinario de proyecto de ley, con debate y dictamen en comisiones y en el Plenario según el cronograma del expediente.

En la práctica, la póliza propuesta cubriría los gastos de defensa penal y la responsabilidad civil cuando ésta se reclame dentro del mismo proceso penal. También se propone que la póliza asuma los costos judiciales correspondientes cuando la persona funcionaria policial es investigada o acusada por hechos ocurridos en el ejercicio de la función policial o con ocasión de esta. Es decir, la intención es que el Estado financie la defensa penal y las reclamaciones civiles conexas en determinados casos.

La póliza aplicaría únicamente cuando la persona funcionaria haya ejecutado sus funciones conforme a las instrucciones, protocolos o procedimientos institucionales vigentes al momento de los hechos. En otras palabras, la protección está condicionada a que la actuación esté dentro de lo previsto por las normas y protocolos de la institución al momento del incidente.

Quedan expresamente fuera de la cobertura los hechos derivados de decisiones de carácter administrativo, los actos realizados con dolo o culpa grave y cualquier conducta que constituya violación a los Derechos Humanos. Esos supuestos no serían cubiertos por la póliza.

Cada Ministerio que tenga adscrito el cuerpo policial respectivo debería encargarse de verificar que el hecho imputado esté vinculado al ejercicio de la función policial, y de garantizar el uso eficiente y responsable de los recursos públicos, la compatibilidad con los regímenes disciplinarios y las responsabilidades patrimoniales del funcionario. Esto implica que antes de autorizar la cobertura habrá una comprobación institucional.

Primero, la póliza no exime a las personas de responsabilidad penal ni civil ni limita la potestad de investigar y sancionar delitos cometidos por policías; segundo, si se aprueba, la norma “rige a partir de su publicación”, es decir, su aplicación empezaría desde la publicación oficial de la ley. Estas dos precisiones aparecen en el texto como condiciones y límites del mecanismo propuesto.