Proyecto 25310: autorizar decomisos preventivos y aprovechar los rendimientos de bienes decomisados de personas extraditadas

El proyecto propone añadir un artículo 14 a la Ley de Extradición para que, desde el mismo acto en que un juez concede una extradición, ese juez pueda ordenar preventivamente el decomiso de los bienes y activos ubicados en el territorio o bajo la jurisdicción nacional que estén vinculados a los hechos por los cuales se solicita la extradición. Se trata de una propuesta de ley registrada en el expediente 25310 y está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

La decisión inicial la tomaría la persona juzgadora que conozca del procedimiento de extradición y debe estar motivada: el texto exige que la orden sea “de forma fundada” y la dicta en el mismo acto de concesión de la extradición. La medida es preventiva y se solicita “en favor del Estado costarricense”; además el proyecto condiciona la medida a que exista una relación entre los bienes y los hechos delictivos por los que se solicita la extradición. En la práctica, eso significa que el juez no ordena decomisos automáticos sino que debe justificar la conexión entre los bienes y la investigación.

La Unidad de Recuperación de Activos del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y el Ministerio Público aparecen como entidades que podrán recibir en depósito judicial y disponer de los bienes decomisados conforme a la normativa aplicable. Es decir, la norma prevé uno o varios custodios públicos para guardar y gestionar temporalmente los activos mientras dure el trámite.

Sobre el uso económico de los valores decomisados, el proyecto remite a reglas ya existentes que permiten depositar e invertir esos dineros y aprovechar sus rendimientos. El texto recoge la facultad de la Tesorería Nacional para invertir los dineros decomisados “de forma tal que se permita maximizar los rendimientos y minimizar los riesgos” y establece que los intereses o rendimientos se destinarían en porcentajes ya previstos: 60% para programas preventivos, 30% para programas represivos y 10% para asegurar y mantener los bienes decomisados. El proyecto incorpora así la posibilidad de que el Estado retenga e invierta los activos decomisados y que los réditos financien fines públicos señalados.

El texto contiene una regla de reversión expresa. Si al concluir el proceso penal la persona extraditada obtiene una sentencia absolutoria, “se procederá a la devolución de los bienes a la persona extraditada.” Eso significa que la retención y uso temporal de los activos queda supeditada al resultado judicial final.

Las medidas solo proceden para los activos “que se encuentren en el territorio nacional o bajo la jurisdicción nacional” y siempre que exista relación con los hechos objeto de la extradición. El proyecto también explica, en sus considerandos, la intención de evitar que bienes vinculados a delitos que afectaron a Costa Rica queden transferidos a otra jurisdicción, pero esa exposición de motivos explica la finalidad política de la iniciativa; no convierte en obligatorias ni ejecutadas las finalidades que describe hasta que la ley, si se aprueba, entre en vigencia.

La norma señala que “rige a partir de su publicación”. Por ahora, sin embargo, el texto es una iniciativa parlamentaria en trámite (expediente 25310) y sus efectos solo empezarían cuando la Asamblea apruebe la reforma y se publique conforme a la ley.