Proyecto para una ley contra el crimen organizado en la extracción ilegal de oro y actividades conexas (Exp. 25299)

El proyecto propone crear una ley denominada “Ley contra el crimen organizado en la extracción ilegal del oro y sus actividades conexas” que endurece la respuesta penal y procesal frente a la extracción ilegal de oro y las actividades mineras ilícitas. Está pendiente de aprobación. La iniciativa busca especificar delitos, aumentar sanciones y habilitar herramientas procesales cuando esas conductas formen parte de redes de delincuencia organizada.

La propuesta afecta a quienes realicen extracción, comercialización, transporte, almacenamiento, venta o faciliten la contratación de personas para actividades mineras ilícitas, y lo justifica como necesario para proteger el ambiente, la fauna, los recursos naturales y la salud de la población. El texto expone que las medidas contempladas cubren toda la cadena —extracción, traslado, almacenamiento, comercialización y financiamiento— cuando ocurran sin la debida autorización y en el marco de redes criminales.

Por ejemplo, define “oro ilícito” como el oro extraído, transportado, almacenado o comercializado sin la debida autorización ni cumplimiento de requisitos legales. También integra definiciones para figuras como avíos ilícitos (coligalleros), comercialización ilícita de oro y la trata o explotación laboral vinculada a la minería, para que esas conductas queden sujetas a sanciones penales.

Como parte de los cambios, el texto penaliza la comercialización ilícita de oro y explica que esta conducta incluye la compra, venta y exportación de oro extraído ilegalmente, sin permisos, vinculada al contrabando y a la evasión de impuestos. Es decir, la ley apunta tanto a la extracción como a quien compre, venda o exporte ese oro sin autorización.

El proyecto modifica y adiciona normas penales concretas. Por ejemplo, reforma el artículo 227 del Código Penal (titulado “Dominio público”) señalando penas de prisión de 3 años a 6 años por conductas sobre dominio público; además propone un artículo 227 bis que dispone: “La pena prevista en el artículo 227 se incrementará en un 50% cuando el hecho …” en los casos relacionados con la comercialización, transporte o cuando el delito se cometa en ocasión de delincuencia organizada, según lo previsto en la Ley No. 8754.

Se imponen penas de prisión de 3 años a 6 años para quien realice actividades mineras en zonas protegidas o sin permisos (artículos 139, 140 y 141 del proyecto) y crea un artículo 141 Bis referido a “Delitos de comercialización ilícita, trata laboral, transporte y almacenamiento”. Esas modificaciones buscan castigar tanto la extracción no autorizada como el patrocinio y la promoción de la minería ilícita.

Por ejemplo, “Se impondrá prisión de 3 a 7 años quien transporte, almacene o gestione la llegada de oro ilícito a mercados o puntos de venta, con fines de comercialización”, y “Se impondrá prisión de 5 a 10 años quien contrate, reclute, transporte o emplee personas para trabajos de extracción, transporte, compra y/o venta de oro ilícito, cuando haya explotación laboral, coerción o abuso de vulnerabilidad”. El proyecto prevé, además, medidas accesorias como decomiso de bienes, inmovilización de fondos y medidas de protección para víctimas cuando proceda.

Cuando las conductas ocurrieren en el marco de delincuencia organizada, el proyecto habilita la aplicación de herramientas y la competencia de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (Ley No. 9481 y Ley No. 8754). El texto reproduce los criterios que, según la ley, deben concurrir para calificar la intervención de esa jurisdicción: participación colectiva (grupo de tres o más personas), estructura organizada (roles), permanencia en el tiempo y actuación concertada con el propósito de cometer delitos graves.

El expediente es el número 25299, presentado por el diputado Gilberth Jiménez Siles; la tramitación inició el 2025-11-17, figura con fecha de publicación 2025-12-11 en Gaceta No. 233 y tiene vencimiento cuatrienal 2029-11-17. El proyecto está en el trámite parlamentario y, hasta la fecha consignada en el expediente, no es ley: está sometido al proceso de discusión y aprobación en la Asamblea Legislativa. Fuente: Asamblea Legislativa, expediente 25299.