Proyecto de ley 25297: Ley General de las Alianzas para el Desarrollo

El proyecto propone crear una ley que regule las “Alianzas para el Desarrollo” (APD), un mecanismo jurídico para articular recursos y capacidades públicas, privadas, multilaterales y de la sociedad civil en proyectos de valor público; la norma se presenta como un marco para fomentar la co‑inversión, blended finance y ejecución conjunta, y está pendiente de aprobación. El texto define las APD como vínculos colaborativos, voluntarios y sin fines de lucro destinados a implementar programas o proyectos que respondan a metas públicas nacionales, sectoriales o locales, y fija límites, principios y pasos para su constitución, financiación, ejecución, supervisión y liquidación. El promotor del proyecto es Manuel Morales Díaz; el expediente es el 25297, presentado el 13/11/2025 y publicado el 09/12/2025 (Gaceta 231).

Sus aportes deben usarse exclusivamente para los fines públicos acordados y cualquier excedente se debe reinvertir en los objetivos de la alianza. En la práctica, eso significa que las APD no deben generar ganancias privadas ni servir como vehículos para distribuir utilidades a las partes privadas; si hay remanentes al terminar la alianza, estos deben devolverse o reinvertirse según el convenio. Además, el proyecto deja claro que la elección de la APD como mecanismo debe garantizar eficacia, transparencia y rendición de cuentas.

El organismo público promotor (cualquier entidad pública que justifique la necesidad de la alianza), los aliados (personas jurídicas privadas, organizaciones internacionales, ONGs, comunidades, etc.) y el Gestor (una entidad sin fines de lucro que administre recursos y ejecute). El Gestor debe cumplir requisitos formales (inscripción, experiencia y estados financieros) y figura como la entidad encargada de coordinar, ejecutar y administrar los fondos de la APD, sin que la relación con él constituya una contratación pública tradicional.

Llevará un registro público de Gestores inscritos, publicará en su sitio web las APD constituidas y sus evaluaciones, y podrá solicitar información para verificar requisitos. La inscripción en el registro de Gestores tendrá vigencia de tres años y podrá renovarse; la publicidad incluye evaluaciones sobre resultados, ahorro de recursos y valor público.

En materia financiera, la norma exige que el Gestor lleve cuentas separadas y que el convenio de cooperación identifique todos los fondos públicos y privados con destino público que integren el patrimonio de la APD. El proyecto fija reglas distintas de contratación según la proporción de aporte público y privado: por ejemplo, cuando las APD sean financiadas en al menos un 70% con fondos privados con destino público, las contrataciones que utilicen recursos públicos se regirán por los principios y normas de contratación pública que determine la autoridad competente; el texto también contempla escenarios cuando la contribución pública sea muy baja respecto a un umbral definido.

Exige la creación de una Comisión de Seguimiento integrada por las partes, obliga al Gestor a presentar informes periódicos y a conservar la documentación por plazos largos (se menciona un plazo adicional de 12 años para la documentación probatoria después de la terminación), y faculta a la Comisión a verificar indicadores, convocar sesiones y solicitar información contable y presupuestaria.

El proyecto señala causas de liquidación o terminación anticipada de una APD (abandono o retraso en la ejecución, no ejecución de actividades, suspensión injustificada por más de 45 días, uso del patrimonio para fines distintos, cese de aportes pactados, incumplimiento de rendición de cuentas, o disposición judicial) y establece que, al finalizar la APD, los saldos de fondos públicos deben devolverse al organismo público promotor y los saldos de fondos privados deben reintegrarse a los aliados según lo pactado.

Las actuaciones pueden ser fiscalizadas por los administrados y las autoridades competentes; la ley impone sanciones y especifica que si un funcionario comete un delito vinculado a la APD, las penas previstas podrán incrementarse en un tercio. Además, el proyecto dispone un transitorio que da a MIDEPLAN seis (6) meses para reglamentar aspectos operativos, de registro y promoción tras la entrada en vigor.

En resumen, si se aprueba, la norma crearía un marco formal para alianzas multisectoriales sin fines de lucro orientadas a metas públicas, con reglas sobre quién puede participar, cómo se administran los recursos, qué controles se aplican, cómo se registran los Gestores y con qué principios deben operar (celeridad, colaboración, corresponsabilidad, eficiencia, transparencia y creación de valor público). La ley está propuesta pero aún no es ley; su aplicación dependerá de su aprobación y del reglamento que deberá emitir MIDEPLAN en el plazo que el texto propone.