Proyecto para garantizar derechos de pasajeros aéreos (Exp. 25296)

El proyecto propone adicionar secciones a la Ley General de Aviación Civil (Ley 5150) para establecer obligaciones concretas de las aerolíneas —denominadas “porteador” en el texto— y derechos específicos de los pasajeros frente a cancelaciones de vuelos, denegación de embarque por sobreventa, atención en aeropuerto, compensaciones económicas, transporte alternativo y la posibilidad de endosar o transferir boletos. El texto fue presentado en la Asamblea Legislativa bajo el expediente 25296 y está pendiente de aprobación.

Obliga al porteador a responder por los daños y perjuicios causados por una cancelación, pero establece excepciones en las que la aerolínea no será responsable. No habrá responsabilidad si la cancelación se debe a motivos de seguridad, protección de la vida humana o condiciones meteorológicas adversas; si se informó con al menos dos semanas de antelación; si se informó entre dos semanas y siete días y se ofreció transporte alternativo con salida en no más de dos horas y llegada con no más de cuatro horas de retraso; o si se informó dentro de los siete días previos y se ofreció otro vuelo con salida en no más de una hora y llegada con menos de dos horas de retraso. Estas reglas indican cuándo la aerolínea queda exenta de indemnizar por la cancelación.

El porteador “deberá ofrecer asistencia a los pasajeros de conformidad al artículo 275” y compensar conforme al artículo 274. La asistencia incluye, de manera gratuita e inmediata, alimentación y bebidas suficientes según el tiempo de espera; alojamiento cuando sea necesario; transporte entre el aeropuerto y el alojamiento; llamadas telefónicas y acceso a internet. El proyecto señala que todas esas prestaciones serán costeadas en su totalidad por el porteador.

Obliga a solicitar primero voluntarios que renuncien a su reserva a cambio de beneficios negociables, y exige que esos beneficios no sean menores a la compensación legal. Si no hay suficientes voluntarios, la aerolínea podrá impedir el embarque a pasajeros contra su voluntad, pero en ese caso deberá indemnizar de inmediato por una suma no menor a la establecida en el artículo de compensaciones y además brindar la asistencia prevista. El texto dispone prioridad de embarque para personas de la tercera edad, infantes con acompañantes y personas con discapacidad o que requieran atención especial.

El proyecto fija las cuantías de la compensación en proporción a un salario base referido en la Ley N.º 7337: 25% de ese salario para vuelos de hasta 1 500 kilómetros; 50% para vuelos de más de 1 500 y menos de 3 500 kilómetros; y el equivalente a un salario base para los vuelos no comprendidos en los dos casos anteriores. La distancia se determina según el destino final al que el pasajero llegará con retraso. La compensación podrá pagarse en metálico, transferencia bancaria, cheque o efectivo; y, si el pasajero lo acepta mediante acuerdo firmado, podrá entregarse en bonos de viaje u otros servicios.

El pasajero podrá elegir entre el reembolso del coste íntegro del billete en siete días calendario por la parte no efectuada (y, cuando proceda, un vuelo de retorno al primer punto de partida lo más pronto posible); el transporte al punto final en condiciones comparables lo más rápidamente posible; o el transporte al destino en fecha posterior que convenga al pasajero según disponibilidad y previo acuerdo firmado. Si el nuevo vuelo sale de un aeropuerto distinto y cercano, la aerolínea cubrirá el traslado entre ambos aeropuertos.

El proyecto otorga además el derecho del pasajero a endosar o transferir su boleto sin costo hasta 24 horas antes del vuelo, siempre que se mantengan las condiciones del contrato de transporte, y obliga al porteador a facilitar los medios para efectuar ese endoso o transferencia. Finalmente, el texto incluye un artículo transitorio que ordena al Poder Ejecutivo y la autoridad competente comunicar los cambios a las entidades que corresponda y dispone que la ley rige a partir de su publicación. La propuesta permanece pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.